pero que la Cámara de Diputados aprobará una resolución apoyando la acción de inconstitucionalidad que presentó el fiscal ad hoc doctor Eduardo Ángel Aguirre Hayes.

“Así son dos de los tres poderes del Estado los que se pronunciaron de una forma clara y manifiesta sobre la inconstitucionalidad de la designación de estos tres jueces del Superior Tribunal de Justicia por no haber respetado el régimen de concurso y oposición y antecedentes como marca la Constitución provincial”, dijo ayer en declaraciones radiales.

Política de Estado

Pedrini sostuvo que “cuando los jueces hablan de intencionalidad política, en este caso concreto es una de las pocas veces que voy a coincidir con ellos les tengo que dar la razón: hay una clara intencionalidad política en lo que se está haciendo de política con mayúsculas, de política de Estado. Este es un capítulo más que encaró el gobernador Jorge Capitanich de tener plena vigencia de la Constitución provincial en nuestro territorio”.

El funcionario dijo que “por eso se derogó la llamada ley de desamparo, que era una limitación a la presentación de la acción de amparo que había sancionado la Alianza, por eso se designó a Gustavo Corregido como primer Defensor del Pueblo en la provincia del Chaco después de casi 20 años de vigencia de esta institución solo en la letra de la Constitución y nunca se la llevó adelante”.

“Eran los tres elementos que hacían que la vigencia de la Constitución de la provincia sea parcial. Los tres casos eran graves, pero sin lugar a dudas que la designación irregular de jueces es una de ellas. Pero al tratarse de una política de Estado y de tal trascendencia es bueno que también opine sobre esta cuestión el Poder Legislativo, que no sea solo el Poder Ejecutivo el que opina de una determinada manera”, añadió.

“Esta acción de inconstitucionalidad lo que hace es en cierto modo llevar a los tribunales lo que opina, sin ninguna duda, la mayoría de la población, lo que en su momento opinó y así se expresó la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco y el Consejo y el Colegio de Abogados”, remarcó.

Por eso sostuvo que “hasta ahora los únicos que interpretan la Constitución de este modo, a favor de los tres jueces que denominamos inconstitucionales, son ellos mismos y absolutamente nadie más. Ni las organizaciones de jueces, ni de abogados, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo creen que están bien nombrados”.

Escuchar al pueblo

El funcionario del Poder Ejecutivo creo que “lo que tienen que hacer estos tres jueces es escuchar el clamor institucional de la provincia que les pide que colaboren en que la provincia tenga la plena vigencia de la Constitución”.

“Sabemos que se constituyó un tribunal y la verdad es que la estrategia procesal está en manos del doctor Aguirre Hayes. En su momento hablamos con él. Lo dijo en la conferencia de prensa que esta resolución de la Cámara de Diputados generaba un hecho nuevo en la causa, y que podría o no precipitar algunas decisiones, pero es él quien tiene a cargo la causa”, consignó.

Si bien admite que es verdad que la causa “no tiene la velocidad que quisiéramos, pero los jueces del Superior Tribunal de Justicia se asombran de que hace dos años que están con esto, que todavía no hay una sentencia; hay que decirles a los jueces constitucionales que se fijen en lo que le sucede a un trabajador que con suerte tienen que esperar 10 años para lograr una sentencia en el fuero laboral”.

“Hay que decirles a Franco, a Toledo y Avalos que ellos son responsables de que tengamos detenidos de hasta cuatro años sin juicio en nuestras alcaidías. Más del 10 por ciento de los presos no tienen sanción. Pareciera ser que ellos son extraterrestres, pero ellos son quienes conformaron este poder que tiene mora en el ejercicio de la justicia”, argumentó.

De ahí que insistiera en indagar con aquello “¿de qué se asombran? Esta es la justicia que ellos construyen todos los días. Un trabajador acá tiene que esperar 10 años no 2, tenemos presas a personas durante 4 años sin sentencias y también tenemos sujetos peligrosos en las calles también sin sentencias con lo que se denominan causas abiertas”.

“¿Por qué no le preguntan a un ciudadano común cuánto debe esperar para lograr una sentencia en la justicia de la que ellos son responsables? Parece que desconocen la justicia que manejan a diario”, propuso.