Ayer, El Cronista publicó la existencia de un listado de medio centenar de compañías involucradas en diferentes causas de corrupción a las que el Estado no entregaba un documento denominado "certificado de capacidad", necesario para participar de las licitaciones y que para que se las adjudiquen.

 

 

Pero, además, según explicó el presidente de la Cámara, Julio Crivelli, se sumó una paralización total del Registro consecuencia de que esa actividad fue trasladada desde Interior a Jefatura de Gabinete.

 

 

Frente a esto, desde el Gobierno señalaron que la situación de las empresas involucradas en causas de corrupción "no se encuentra en el ámbito del Registro sino del Consejo del Registro". El Consejo es un cuerpo colegiado integrado por consejeros del ejecutivo nacional, de la Ciudad y de la Cámara que funciona en el ámbito del Registro.

 

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"El Consejo tiene como potestad sancionar a las empresas y, por unanimidad, suspenderlas preventivamente del Registro como hiciera, por ejemplo, con Odebrecht. Los casos en consideración en el Consejo son distintos a aquél sobre el cual se expidió el Procurador, Bernardo Saravia Frías, aunque su opinión sólo es aplicable a alguno de ellos. La resolución de los casos era objeto de debate al momento de la disolución del Consejo en virtud del traspaso del área a Jefatura de Gabinete. A ese momento, se encontraban en evaluación una decena de empresas", explicaron fuentes oficiales respecto del estado de situación de varias compañías que explicó ayer este diario.

 

 

El fallo del Procurador fue por un caso de una empresa que formaba parte de una UTE que había ganado una licitación del dragado del Río Salado. "Estábamos esperando que el abogado del ministerio de Interior se expida pero suponíamos que iba a seguir la línea del procurador que había dicho que la empresa podía trabajar pero el cambio frenó todo", explicaron fuentes de la Cámara.

 

 

Actualmente hay 20 personas trabajando en el Registro de Constructores, con un presupuesto de $ 2 millones anuales.