Recomiendan "no pagar" las fotomultas y piden al Ministro de Gobierno que las suspenda

El diputado Jorge Rizzotti recomendó a quienes hayan recibido fotomultas que no paguen las mismas hasta tanto se dilucide su validez jurídica, y solicitó al Tribunal de Cuentas que realice una auditoria para determinar cuántos ingresos produjeron las fotomultas y como se distribuyó la recaudación.
"El ministerio de Gobierno debe suspender inmediatamente el cobro de fotomultas y la aplicación de las mismas en rutas nacionales", dijo el legislador quién recomendó a las personas que recibieron boletas de infracciones por fotomultas "no pagarlas".

Recordó que existe jurisprudencia de los tribunales argentinos que declara inconstitucional este procedimiento técnico, subrayando que "no mejora la seguridad vial así como está planteado en Jujuy, porque tiene un objetivo recaudador a favor del Estado y no correctivo para las personas al volante".

Agregó que el Defensor del Pueblo de Jujuy, Víctor Galarza, firmó la resolución 163/09 el 22 de septiembre en la que recomienda y advierte a la municipalidad de Calilegua y a las comisiones municipales de Pampa Blanca, Maimará y Volcán, que se abstengan de continuar aplicado las fotomultas en rutas nacionales "por carecer de competencia", subrayando que la misma corresponde a Gendarmería.

El Defensor recomendó además esos gobiernos comunales "suspender los procedimientos administrativos y de ejecución fiscal de las multas originadas por supuestas infracciones de tránsito ocurridas en rutas nacionales, las cuales persiguen una única finalidad recaudatoria contraria al espíritu de la seguridad vial, y violatorios del debido proceso y del derecho de defensa.

Otro elemento de peso que descalifica las fotomultas los aportó la dirección nacional de Vialidad, que informó que no existían registros de si habían iniciado trámites de autorización o permiso para incluir tramos de rutas nacionales en el éjido urbano de comunas jujeñas.

Rizzotti recordó la conclusión de la Defensoría del Pueblo: "Ello demuestra que las comunas de Calilegua, Pampa Blanca, Maimará y Volcán, arrogándose facultades que no poseen, dispusieron de bienes del Estado Nacional – como lo son las rutas nacionales – incorporando éstas en forma ilegítima y arbitraria a sus ejidos urbanos, convirtiendo las Ordenanzas dictadas en ilegales o inconstitucionales".

El diputado enfatizó que el procedimiento automatizado "no tiene una finalidad correctiva, sino netamente recaudadora". Recordó que cualquier infracción en rutas debe ser comunicada al conductor en un radio de no más de 10 km del lugar donde se produjo la falta, y que en el caso de rutas nacionales la autoridad de aplicación es Gendarmería.

"El sistema instalado en algunos municipios y comisiones municipales, sobre rutas nacionales, busca producir ingresos para esos gobiernos locales y para la empresa que provee la tecnología, pero no cumple ninguna función correctiva ni mejora la seguridad vial", evaluó el vicepresidente de Legislatura.

Además, dejó en claro que si el sistema es declarado ilegal, los perjudicados por el cobro de fotomultas tendrán derecho a reclamar la devolución de las sumas pagadas.

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