Este acto es el resultado de un gran trabajo de la Mesa Contra la Violencia Institucional, que incluyó una encuesta a cada persona privada de su libertad y la realización del trámite en los lugares de encierro en coordinación el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Aseguran desde la Mesa que la campaña tiene por fin garantizar la tenencia del DNI de las personas privadas de libertad, debido a que el acceso al mismo reviste la calidad de derecho humano y a su vez opera materialmente como vehículo  habilitante al efectivo ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales.

En este sentido, agregaron que “la mayoría de los detenidos que accedieron a realizar la encuesta,  no contaba con su DNI ya sea por haber sido retenido por la policía al momento de la detención o por haberlo ‘extraviado’ en traslados dentro del mismo circuito penitenciario. A su vez un número importante de detenidos manifestó que su DNI se encontraba en posesión la Jefatura del penal con demás elementos personales”.

Finalmente, con la excusa del relevamiento,  desde la Mesa Contra la Violencia Institucional notaron que “los privados de la libertad se encuentran en condiciones de detención inhumanas y degradantes, inmersos en pabellones carentes de luz y agua, condiciones edilicias precarias, carentes de ámbitos higiénicos de habitabilidad  y en el caso de máxima seguridad en situación de aislamiento sin justificativo aparente”, concluyeron.

Es necesario aclarar que la entrega de DNI se da en el marco del  primer fallo en la Provincia de Buenos Aires por el que se autoriza a los condenados a votar. Así lo determinó el juez Juan Galarreta, quien declaró inconstitucional el artículo de la ley electoral que prohibía el voto a condenados.

El magistrado dispuso su incorporación al padrón electoral a los fines del ejercicio del voto en las próximas elecciones municipales, provinciales y de consejeros escolares, conforme a su último domicilio previo a la detención.