Reclamos y cautela entre los especialistas en derecho previsional por la estatización de las jubilaciones

Los abogados, que ya recibieron innumerables consultas, criticaron el proyecto oficial y plantearon la necesidad de reformular el sistema; consultados por lanacion.com, advirtieron que para iniciar un planteo judicial habrá que esperar a que la ley entre en vigencia
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para eliminar el régimen de jubilación privada despertó alarma no sólo en los mercados, sino también entre los especialistas en derecho previsional, que desde el anuncio del gobierno de Cristina Kirchner recibieron innumerables consultas de clientes.

Pese a que defendieron el sistema de reparto, es decir, que las jubilaciones estén en manos del Estado, rechazaron el proyecto oficial y destacaron que la medida podría provocar cataratas de reclamos en la Justicia.

Sin embargo, coincidieron en destacar que habrá que esperar a que la ley sea sancionada y entre en vigencia para evaluar los perjuicios que podría provocarle a sus clientes.

"Yo soy una acérrima defensora del sistema de reparto, eso no significa que ese sistema ande bien. Pero no se puede someter a la gente a la inseguridad jurídica. Le dieron hace muy poco tiempo la opción de elegir por un sistema u otro. No se le puede quitar esa opción meses después. Esto debió ser objeto de un trato más profundo", aseveró a lanacion.com Graciela Stasevich, la abogada que llevó el caso Badaro, en el que la Corte ordenó al Congreso y al Poder Ejecutivo que garantizaran la movilidad de los haberes previsionales.

La letrada sostuvo que "hay que reformar todo el sistema previsional" y advirtió que "la eliminación del sistema de capitalización debería contemplar una serie de cuestiones que no están discutidas".

En ese sentido, señaló que la iniciativa oficial enviada al Congreso es "muy abierta" y "deja muchas cosas libradas a la reglamentación". "Están en juego los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. No se puede someter a la gente a cambios bruscos, no sólo desde lo personal, sino desde lo jurídico. Podrían estar conculcados los derechos constitucionales", subrayó.

Movilidad. La letrada lanzó críticas además contra la polémica ley de movilidad sancionada a principios de mes por el Congreso. "Tanto la ley de movilidad como el nuevo traspaso dejan muy desprotegidos a los jubilados. Ni siquiera cumplieron con el caso Badaro. A mí me parece que ofrecerle al sistema de capitalización la misma movilidad o beneficio que el de reparto, no es algo muy halagüeño. La gente tiene mucha desconfianza del sistema reparto", señaló.

"El Estado argentino no puede establecer un sistema mixto, y después de que las personas han adquirido derechos, sacárselos y no respetar esos derechos constitucionales", analizó Stasevich, quien, de todos modos, advirtió que para "iniciar un reclamo judicial primero hay que probar un perjuicio y el daño se produce una vez que esté en vigencia la ley".

Conveniente. Guillermo Jáuregui, abogado especialista en derecho previsional y contador, coincide con las críticas al proyecto oficial porque "no respeta a las personas que no quieren pasar al sistema de reparto". Sin embargo, está convencido que la modificación que impulsa el Gobierno beneficia a los jubilados.

"Como abogado me molesta que a la gente le saquen el dinero de su cuenta y se la metan en reparto. Pero hay que decirle que el traspaso no es perjudicial. Tendría que haberse manejado de otra manera", aseguró.

En ese sentido, el letrado explicó que efectuó el cálculo de cuánto sería lo que le pagaría el sistema de reparto y cuánto las AFJP y concluyó que el reparto "le pagaría el doble de lo que le pagaría la capitalización a los jubilados".

"Es cierto que se podría haber hecho de otra manera, pero a los que se van a jubilar, al cobrar el doble, los están obligando a hacer algo que les conviene", manifestó.

"A nivel monedero, esto que han hecho beneficia a la gente, pero choca la forma como se hizo, la violencia, la estatización, la confiscación, la expropiación", insistió.

En ese contexto, manifestó que el cálculo teórico tiene "gran importancia" al momento de efectuar los reclamos judiciales. "Las medidas cautelares funcionan siempre que se demuestra que cada persona es perjudicada. Para hacer un pleito hay que demostrar que la transferencia perjudica a la persona", sostuvo.

Hacer caja. Por su parte, la especialista Elena Mitjans señaló: "Si el objetivo del Gobierno es hacer caja por supuesto es absolutamente objetable, pero como sistema jubilatorio, el sistema de reparto es un sistema mucho más seguro, porque le da a la persona una prestación definida con pautas legales".

La abogada señaló que los afiliados a las AFJP "se encuentran desesperados" ante el anuncio de la Casa Rosada y por ello reclamó "una reforma integral del sistema, con un amplio debate".

De todos modos, Mitjans no ahorró en críticas al sistema de capitalización: "No es un sistema jubilatorio, sino un mecanismo de ahorro totalmente aleatorio".

Ambivalente. La abogada Ana María Di Tullio dijo tener una "una posición ambivalente". "Yo siempre fui pro reparto. Cuando salió la ley en 1994, aconsejaba que no se pasaran a las AFJP. Luego los acepté. Pero tampoco estoy de acuerdo con esta medida del Gobierno. Lo que es cuenta individual de cada persona, lo tienen que devolver. Tienen que respetar la cuenta que tiene cada uno", sostuvo.

La especialista coincidió con que el Estado debe ser el encargado de ocuparse de las jubilaciones, pero rechazó el proyecto oficial. "No debe ser en forma unilateral que el Estado decida. Tendría que haber convocado a todos los actores para consensuarlo", evaluó.

Los futuros litigios aparecen como inevitables. "Van a ser muy altos los riesgos porque se va a venir una catarata de juicios y amparos. Esta ley podría ser declarada inconstitucional. Ya recibimos consultas de clientes. Vamos a tener que defender a la gente. Va a ser como el corralito", relató.

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