PAMI Luján afronta una demanda judicial en su contra que busca lograr el desalojo de un inmueble que utiliza como depósito de documentación. La acción fue presentada la semana pasada ante el juez de primera instancia Francisco de Asis Soto e involucra a una propiedad de la calle Alsina al 1.100.

El contrato de alquiler venció en agosto del año pasado. Desde ese entonces, los propietarios del inmueble intentan sin éxito la renovación del acuerdo. Buscaron resolver la cuestión por fuera del ámbito judicial. A pesar de encarar incontables gestiones, la obra social mantuvo exigencias de contratación que entendieron como abusivas. Cansados de negativas y falta de respuesta, recurrieron a la Justicia para recuperar la propiedad, más allá de futuras acciones por daños y perjuicios.

“Queremos dar a conocer lo que hace PAMI. Se manejan con mucha arbitrariedad y quedás a merced de las condiciones que imponen. Lo que proponen es un contrato muy precario. Hicimos mil gestiones para resolver el tema de manera pacífica y evitar el tema judicial. Pero no nos quedó otra. Si a ellos no les sirve el lugar, deberían devolverlo. Pero lo están ocupando desde hace un año. Hay una actitud prepotente. Nos sentimos en inferioridad de condiciones. Sabemos que todo lo judicial no son cuestiones rápidas”, explicó una de las propietarias.

El primer contrato de alquiler se firmó en 2009. Su renovación llegó tres años después. Ocurrió lo mismo para el período 2015-2018. El año pasado, cuando debía encararse una tercera actualización, comenzaron los inconvenientes. Según contaron los propietarios a este medio, “PAMI manifestó que las condiciones contractuales debían ser modificadas”. Entre los puntos aparecía el porcentaje de actualización por inflación. El organismo planteó un esquema del 15 por ciento en el primer año, otro 10 al siguiente y finalmente un 5 por ciento en el último tramo del contrato. “La oferta fue rechazada ya que la inflación interanual informada por el INDEC era para 2018 de 47,6 por ciento, motivo por el cual era absolutamente imposible aceptar esos valores. En virtud de llegar a un acuerdo y para lograr la renovación como hasta el momento se había hecho, decidimos dejar de lado las proyecciones de inflación y ofrecer un único porcentaje”, repasó la propietaria.

Superado el entredicho, sin embargo, PAMI intentó modificar otras condiciones de contratación. Ofreció a los propietarios “un modelo de contrato de dos carillas, a lo que nosotros nos opusimos porque nos generaba una desprotección muy grande, siendo un contrato absolutamente leonino a favor de PAMI”.

Empezó el derrotero, las reuniones inconducentes y la falta de respuestas. La delegación local argumentaba que la decisión final estaba en manos de PAMI Central. Allí debían decidir la firma de un contrato “especial”.

“En varias oportunidades fuimos, llamamos, esperamos respuestas. Hasta que empezamos a ver que no había respuestas ni demasiado apuro por resolver la situación en PAMI Luján. Entonces empezamos a gestionar nosotros mismos ante PAMI Central”, explicó la vecina.

Arrancó 2019, la deuda crecía y las cosas seguían igual. En Legales informaron que “hasta que ellos no recibieran una demanda no podían resolver ningún tema ni gestionar ninguna solución y que debíamos manejarnos a nivel local”.

“Volvimos a intentar todo tipo de gestión (telefónica, personal y por carta-documento para lograr que se renovara el contrato y se normalizara la situación). Intentamos comunicarnos y reunirnos con la jefa de Legales de Luján, quien nunca nos dio respuesta y sólo nos intimó a que firmemos el contrato que proponía PAMI”.

Entre esas idas y vueltas, los propietarios del local perdieron una posibilidad de venta. Finalmente, decidieron presentarse a la Justicia: “No queremos ya renovar alquiler alguno. Por nuestra parte dimos sobradas muestras de buena voluntad y buena fe en el accionar. Queremos que PAMI pague los daños ocasionados por la pérdida de la venta, el tiempo de ocupación ilegítima a los valores que indique el juez y entregue las llaves”.