Un reclamo por las cuentas de inversión

Legislador señala que el Gobierno las debe desde el 2002, y que con está práctica se está violando la Constitución provincial.

El vicepresidente segundo de la Legislatura jujeña, Jorge Rizzotti, afirmó que el Gobierno provincial adeuda desde el 2002 la rendición de las cuentas de inversión, y que esta situación impide tener un control de gastos y que la ciudadanía conozca el destino que tuvieron sus impuestos. Al mismo tiempo, aclaró que tal rendición debe tener mayor transparencia y pasar por el Poder Legislativo y el Tribunal de Cuentas. El legislador radical dijo que la evasión de esa información constituye un incumplimiento de la Constitución.

"El Gobierno de la Provincia no ha rendido desde 2002 la cuenta de inversión, evitando de este modo los controles de gastos que una gestión transparente debe permitir que la realicen la Legislatura y al Tribunal de Cuentas", recalcó Rizzotti. "Con esto el Gobierno incurre en una violación al artículo 137 de la Carta Magna jujeña, que indica que el gobernador debe dar cuenta de la ejecución del presupuesto", agregó.

Rizzotti afirmó además que "también se está violando la Ley de Administración Financiera, la cual ordena a la Contaduría de la Provincia a preparar la cuenta de inversión y presentarla anualmente a la Legislatura antes del 31 de mayo". "Esta práctica comenzó durante la gestión de Gobierno anterior y se acentuó en el transcurso de la actual administración", puntualizó.

Explicó asimismo que para el control legislativo "llegó sólo parcialmente la rendición de algunos gastos producidos en los últimos cinco años", y especuló con que "al Tribunal de Cuentas también se le habría retaceado esa información para llevar adelante su tarea de auditoría".

El legislador consideró que "el Estado necesita controles que garanticen a los ciudadanos un estándar mínimo de eficacia, eficiencia y efectividad en el gasto público", y opinó que "ésa es una de las principales condiciones para cualquier planeamiento estratégico que procure el desarrollo económico y social". Si bien reconoció que el Ejecutivo provincial regularizó la práctica de formular y someter a su aprobación el proyecto de Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos, dijo que "paralelamente instauró la modalidad de evadir los controles de los gastos tanto en la dimensión política como jurídico -formal". Manifestó luego que "la situación de Jujuy es atípica respecto a otras provincias, donde el control parlamentario sobre el gasto público es una práctica habitual, y los responsables del Gobierno contribuyen a la transparencia de su gestión, informando a los órganos de contralor y opinión pública el destino de los recursos públicos".

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