Pide que repare vía indemnización el daño ambiental generado por el corte del río y, además, reivindica el proceso superador de creación de la cuenca de dicho curso fluvial.

El proyecto pide al Parlasur un pronunciamiento. No es vinclante ni obliga a ninguna parte a cumplir con  nada. En rigor, el Parlasur carece aun de jerarquia jurídica para legislar puertas adentro de los países. Pero es una caja de resonancia de los problemas de cada país.

Nicoletti, integra la Comisión de Desarrollo Sustentable, Ecología y Aguas Transforonterizas de ese cuerpo legislativo latinoamericano, a la que será girada su iniciativa tras la formalidad de darle su ingreso en la sesión inaugural que se produjo este lunes en la capital uruguaya.

Nicoletti explica que La Pampa “arrastra” un conflicto con Mendoza y el estado Nacional por el incumplimiento de garantizar el caudal mínimo fluvio ecológico de los ríos subfluviales, declarados interprovinciales por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina”. Recuerda los datos históricos del conflicto, con el primer desvío de caudales realizado por Mendoza en 1918 (en el Paso El Loro) que prácticamente hizo desaparecer el brazo principal del río.

A partir de la construcción de Los Nihuiles (año 1948) por espacio de 25 años el Atuel dejó de recorrer territorio pampeano, desapareciendo los humedales, se secaron los pastizales, los animales murieron y la población migró.

Actualmente, la poca cantidad de agua que llega a nuestra provincia está salinizada y contaminada con presticidas del regadío de Mendoza, no siendo apta para consumo humano ni animal.

La Pampa realizó un juicio en el año 1979 que finalizó en 1987. La Corte Suprema declaró la interprovincialidad del río. Pero estableció un permiso a Mendoza para regar 75.000 hectáreas: la provincia cuyna se aferró a esa parte del fallo para desconocer el pronunciamiento principal, la interprovincialidad del cauce. Por eso incumplimiento, un abogado pampeano Miguerl Palazzani presentó una demanda por los daños ecológicos del corte del río, a la luz de la nueva legislación ambiental establecida por la reforma constitucional del año 1994. Dos años, el exgobernador Oscar Jorge decidió volver a presentar un juicio ante el incumplimiento de Mendoza de soltar un cupo fluvioecológico.