Reclaman solución política para evitar cuasimonedas

El fantasma de la emisión de cuasimoneda por parte de algunas provincias sigue estando. Con más de la mitad de las 24 jurisdicciones con las cuentas fiscales en rojo, la presidenta Cristina Fernández terminó por aceptar que se flexibilice el uso de los recursos de capital para que se puedan usar en gastos corrientes.
De todas maneras, ese cambio en la Ley de Responsabilidad Fiscal no alcanzaría, aseguran varios economistas que dialogaron con LA MAÑANA, y se necesitará de voluntad política para evitar el regreso de los bonos.

Apelar a las cuasimonedas es la última instancia ante la imposibilidad de pagar los sueldos y otros compromisos inevitables. Ya la obra pública está frenada en la mayoría de las provincias y la cancelación con los proveedores tiene atrasos de hasta cien días. "Sacar bonos tiene un costo muy alto para los que emiten y para el gobierno nacional", sintetiza el economista Rogelio Frigerio (n), titular de Economía y Regiones.

Apunta que, desde el punto de vista económico-financiero el problema es "más que manejable": "Son 10.500 millones de pesos, con coparticipar el 70 por ciento del impuesto al cheque se sale de este embudo. Claro que ésa es una solución que está en manos de la Nación y depende de la voluntad de acordar. Todo coqueteo con el FMI se interrumpiría abruptamente si una provincia sale con cuasimonedas. La salida está estricta y únicamente en manos de la Nación".

Mario Blejer, presidente del Banco Hipotecario y hombre allegado al ministro Amado Boudou, admite el planteo de Frigerio y también caratula de "política" la decisión de rediscutir "con seriedad" el esquema de coparticipación federal. "Este no es un problema que haya empezado ahora. Tiene larga data porque las provincias vienen incrementando su gasto sin una mejora correlativa de los ingresos. A eso hay que agregarle que no se esté respetando la ley de reparto de tributos".

Ni siquiera provincias como Santa Cruz, que reciben ayuda extra por las regalías petroleras, se salvan del rojo que ya supera los 2 mil millones de pesos. Buenos Aires cerraría el año con un déficit de 5 mil millones de pesos; el santafecino Hermes Binner ya admite para el primer semestre un rojo de 500 millones de pesos y en Córdoba se estima que alcanzaría los 600 millones. Hasta ahora las provincias que registraron problemas en el pago de salarios y debieron desdoblarlos o cancelarlos con demora son Neuquén, Tierra del Fuego y Chaco. En otras los inconvenientes más palpables se dan en los municipios que también reciben menos recursos de coparticipación.

Es la política…

El ex ministro Martín Lousteau se cuenta entre los que creen que, dadas las actuales circunstancias, las provincias ahogadas financieramente van a necesitar de un "salvavidas" nacional que vaya más allá de los cambios en la Ley de Responsabilidad Fiscal. "La crisis internacional no cambió nuestra agenda, pero debimos acelerarla, incluyendo el debate de un nuevo esquema de reparto de los impuestos. Sigue pasando que nunca se acepta desde que hay márgenes para revisar, para corregir lo que se puso en marcha", agrega.

Blejer, gran conocedor del esquema de negociaciones con el FMI, evita pronunciarse si todo vínculo se cortaría de haber cuasimonedas, pero enfatiza que sería una "complicación para todos. Un desorden monetario alteraría el escenario y sería una pésima señal".

Frigerio sostiene que mientras más debilidad financiera presenten las provincias "más la Nación usará políticamente la coparticipación. No existe federalismo tributario, lisa y llanamente se genera una dependencia económica".

Plantea que en términos históricos el problema fiscal "no es significativo; el punto es que la Argentina está fuera de los mercados y no tiene cómo financiarse. Esa es la clave. No necesitamos la plata del FMI sí nos hace falta la auditoría del organismo".

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