Reclaman que Sapag de un golpe de timón

El secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén, Jesús Escobar, reclamó un giro al gobierno de Sapag a través de un durísimo documento, en el que se señala que en lugar de proteger a los más débiles, se busca comprar armamento más sofisticado para reprimir reclamos.

El Gobernador Jorge Sapag anunció un gasto millonario para poner en funcionamiento un plan de seguridad, que si uno analiza más fino no tiene otro objetivo que contar con elementos para la represión del reclamo social. Lamentable decisión que el gobernador tiene que rever y dar marcha atrás.

Mientras se analiza comprar granadas y lanzagases, no hay remedios ni pastillas anticonceptivas en los hospitales, el Ministerio de Desarrollo Social brilla por su ausencia, pero se prioriza armar a los inconstitucionales grupos especiales de represión.

Frente a este momento de crisis económica que atravesamos, la prioridad debe ser proteger a los más vulnerables y débiles de nuestro Pueblo y no a los intereses de los grupos mas privilegiados como las trasnacionales petroleras y los estancieros.

Hace largo tiempo que los más postergados de esta provincia esperan. Entre los segmentos más pobres crece la desesperanza. El miedo frente a un nuevo tiempo de hambre y desocupación vuelve a aparecer en nuestros barrios. A esto hay que agregarle que poco se ha hecho para revertir la estructura económica y social de fondo. Van a ser en algunos casos casi dos décadas de familias con integrantes que nunca han visto un empleo formal.

En nuestros hospitales los remedios son escasos. Y, por supuesto, elementos de prevención y cuidados de la salud no sobran, como ejemplo vale decir que el Sistema Público de Salud no dispone de pastillas anticonceptivas ni de preservativos. Solo DIU, por lo que quedan sin acceso a métodos de anticoncepción las mujeres jóvenes que no han tenido hijos.

Una muestra cercana a nuestro área que da la pauta del estado del Ministerio de Desarrollo Social así como también de las prioridades del Gobierno provincial, El Programa de abordaje integral de chicos y chicas en situación de calle espera, desde hace 6 meses por lo menos, que Provincia ponga los $30.000 que se necesitan para poner en funcionamiento Casa Betania, dispositivo necesario para el normal funcionamiento del programa, hoy cerrada. Sus operadores reclaman un aumento de $300, para sumarlos a una miserable paga de $1200 sin obra social ni aportes jubilatorios.

Si profundizamos la búsqueda encontraremos situaciones similares en cada área estratégica en cualquier sociedad moderna. Pero las prioridades del Gobierno Provincial parecen apuntar en otra dirección.

El timón está firme y el rumbo está fijado, dice el Gobernador Sapag mientras anuncia un nuevo gasto en lanzagases, granadas y otros artilugios para "preservar la paz social". Se desgarran las vestiduras para impedir que caiga la tasa de ganancia de los sectores más fuertes de la economía, se dan seguridades de que la propiedad y el estándar de vida de los grupos más privilegiados será custodiada celosamente por el Gobierno. Todo esto al tiempo que no hay ninguna señal seria que establezca políticas publicas tendientes a proteger a los más desprotegidos, a los trabajadores/as, a los pobres y de ellos aunque sea a los niños y niñas.

Al menos el rumbo parece no ser claro y dista bastante de la manda de la Constitución provincial que en su artículo 22 expresa:

"Deberán removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impidan el pleno desarrollo de la persona humana".

Y ni que hablar del 47 que dice:

"La Provincia reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, les garantiza su protección y su máxima satisfacción integral y simultánea, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la que queda incorporada a esta Constitución, en las condiciones de su vigencia.

El Estado legisla y promueve medidas de acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho su efectiva y plena realización."

Esta política antipopular debe ser revisada y modificada en 180 grados.

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