Reclaman que se reglamente la ley de sexualidad responsable

La falta de reglamentación de la ley provincial 7311 de sexualidad responsable está perjudicando en especial a las mujeres pobres y adolescentes de Salta, que al quedar embarazadas deben dejar el estudio para empezar a trabajar en empleos precarios y mal pagos.
Es una de las conclusiones a las que llegó un taller de dirigentes de distintas organizaciones que trabajan en la provincia en torno a la salud reproductiva, los derechos sexuales y la procreación responsable.

La ley 7311 fue sancionada en 2004 durante la gestión de Juan Carlos Romero, pero desde entonces ninguna reglamentación la hizo operativa. En su artículo quinto establece que las autoridades sanitarias prescribirán y suministrarán los elementos anticonceptivos a las personas que los demanden.

"Pero aún se puede constatar una gran carencia en los centros sanitarios de dispositivos intrauterinos (DIU), inyecciones, preservativos y pastillas", aseveró ayer Luz Sánchez, integrante de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta.

Junto a Beatriz Guevara, de la misma Comisión y de la Fundación Entre Mujeres y a Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, reclamó la "urgente reglamentación de la ley, debido a la gravísima situación de la salud" por la falta de métodos anticonceptivos.

Sólo un Programa Nacional de Salud Reproductiva envía medios de anticoncepción a centros de salud de la capital, pero en forma totalmente insuficiente, según evaluaron las organizadoras del taller.

Como ejemplo pusieron lo que ocurre en el centro de salud del barrio Solidaridad, donde viven cerca de diez mil vecinos. Allí llegan cada mes sólo dos cajas de preservativos, unas trescientas unidades. La oferta estatal de anticonceptivos, aseguran, no llega a cubrir a las mujeres en edad reproductiva.

Cari añadió a esa falta de elementos anticonceptivos, el escaso conocimiento que tienen los agentes sanitarios sobre la ley provincial. "Pero en muchos casos los centros de salud tampoco tienen los espacios físicos adecuados y los medios para la atención de los problemas de salud de la mujer".

En el taller realizado la semana pasada también participó la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, organizaciones que intentan coordinar acciones con el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders).

Allí se atribuyó la falta de reglamentación de la ley 7311 a un factor ideológico y cultural propio de Salta "que le niega a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo" y se dejó sentado que sólo hace falta una voluntad política de parte del gobierno para hacerlo.

"De hecho, la reglamentación ya está hecha como un Programa de Salud Reproductiva, elaborado por organizaciones sociales y la Asociación de Pediatría. Pero quedó olvidado en un cajón", aseguraron.

Violencia doméstica

La escasez de métodos anticonceptivos fue relacionada también con la violencia sexual y la violencia contra la mujer."Sólo contando los casos que salieron publicados en medios nacionales la red Artemisa contabilizó 105 feminicidios en la Argentina durante 2008, y 208 otra organización social.

Y dentro de los casos de feminicidios hay que contar también las muertes por abortos, porque es una expresión de violencia que la mujer llegue a esa situación por no haber contado con métodos anticonceptivos", señaló Beatriz Guevara.

Una carta sin respuesta

La asignación de las partidas necesarias y la puesta en funcionamiento del Programa de Procreación Responsable fue solicitada en septiembre pasado por distintas organizaciones al gobernador Juan Manuel Urtubey, en una carta que no tuvo respuesta.

Ahora las mismas organizaciones pedirán la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Manuel Godoy, su intervención para lograr la reglamentación de la ley.

La reglamentación, junto al resto de la legislación en el tema, urgieron las participantes del taller "consagra los derechos de las mujeres y sus familias a la planificación familiar, y a la posibilidad concreta de decidir sobre sus proyectos de vida; como lo hacen ya muchas mujeres que han podido acceder al disfrute de unos derechos que parecieran negados a otras por su empobrecida condición económica y devaluado status social".

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