Una empresa redacta una nota, la envía al gobierno nacional y reclama más de 70 millones de pesos por "redeterminación de precios". Así de simple. Un trámite incluso más sencillo que cualquiera de los que tiene que hacer, por ejemplo, cualquier argentino ante la AFIP. Pero ahora la nueva administración nacional sospecha que en ese reclamo puede encubrirse un pago irregular de sobornos.

El 7 de octubre de 2015, pocos días antes de las elecciones nacionales y apremiada por los números electorales, Cristina Kirchner inauguró por teleconferencia el Hospital Regional de la Cuenca Alta "Néstor C. Kirchner". El corte de cintas cumplió con la regla kirchnerista: en realidad no estaba terminado. Aún hoy falta la entrega de la última etapa: "Este es un hospital de 26 mil metros cuadrados que vendrá a atender las necesidades de más de 500 mil habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, y todo eso con una inversión de 536 millones", precisó en el diálogo con Cristina el entonces ministro de Salud, Daniel Gollan.

Lo llamativo en esa teleconferencia –tan típica del pasado– fueron las palabras del intendente local, el peronista Gustavo Arrieta, que revelaron cómo se tomaban muchas decisiones durante los 12 años de kirchnerismo. Más allá de la conveniencia o factibilidad técnica de los proyectos, la voluntad presidencial determinaba las políticas. "Acá tenemos que hacer un hospital", fue la orden (¿o capricho?) que transmitió el ex presidente porque le había gustado el terreno. Y así se hizo. Poco importó que allí hubiera una tosquera, que se tiraba basura, que construirlo implicaba un gasto exagerado o que hubiera otros lugares mejores para hacerlo. Había que cumplir una orden o satisfacer un capricho. Pero, como siempre, en los detalles se esconde el diablo.

La historia de la construcción es compleja. Infobae intentó reconstruir vía datos oficiales el derrotero de la licitación que se le otorgó a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por las empresas TECMA SA y RIVA SA, pero el seguimiento fue casi imposible: falta de datos y resoluciones poco claras convierten el proceso legal en irregular. La obra se licitó por $258.981.639,74 pero el último monto contractual verificado llega a los $421.278.934,17 aunque el propio Gollan habló públicamente de más de 500 millones. Las obras comenzaron en 2011 pero aún hoy, casi cinco años después, resta entregar la última etapa de la construcción, aunque se asegura que fue dejada lista el 84% de la superficie.