Reclaman medidas urgentes para morigerar la grave crisis del sector pesquero

Una de las críticas principales apunta al Estado, que para el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas demora en hacer efectivos los reintegros por derechos de exportación.

Una vez conocidos los datos oficiales que confirman una caída en las exportaciones pesqueras durante el primer semestre de este año, el presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas, Oscar Fortunato, planteó su preocupación ante el hecho de que este fenómeno tuvo lugar en un contexto de "notable incremento de costos y mayor presión fiscal para la actividad", lo que agrava aún más la delicada situación del sector.

"Las cifras del Senasa demuestran que en la primera mitad de 2009 la pesca argentina exportó un 22% menos en volumen", dijo Fortunato, señalando que al mismo tiempo, "los precios internacionales cayeron y aún hoy siguen sin recuperarse".

Para el presidente de CEPA, "esta es una situación crítica" teniendo en cuenta que la pesca también "viene sufriendo fuertes aumentos en los valores de la energía, el gasoil, la mano de obra, los servicios y otros insumos, a lo que hay que sumarle una presión fiscal que, en ciertos casos, ha adquirido ya un nivel casi confiscatorio".

Al respecto puso como ejemplo lo que sucede con la demora del Estado para hacer efectivos los reintegros de los derechos de exportación.

Según dijo, la pesca argentina "paga derechos por todos los productos que vende al exterior, algunos de los cuales -muy pocos- tienen reintegros que son realmente muy inferiores al valor que cada empresa le aporta al Estado en concepto de aranceles". Y precisó que tanto la Aduana como la AFIP "desde hace más de un año" no les paga a las empresas estos reintegros, generando una deuda que ya asciende a varios millones de pesos, agravando su ya de por sí delicado estado financiero.

Fortunato explicó que mientras esto sucede, se genera una situación curiosa: La propia Afip utiliza el dinero que les audeuda a las compañías del sector para financiarles el pago de sus deudas fiscales, a una tasa del 1,5%. "Es decir que mientras que el Estado no paga sus obligaciones para con las empresas, la AFIP les otorga un financiamiento con interés utilizando su propio dinero", señaló.

Fortunato remarcó también que la demora en el pago de los reintegros es apenas uno de los factores que atenta contra el flujo de fondos de las compañías, ya que a ello, le agregó los retrasos en la devolución del IVA y los graves inconvenientes que en su momento provocaron las trabas para lograr la restitución de la tasa aplicada al gasoil. Además planteó como otro hecho perjudicial la virtual falta de prefinanciación para las exportaciones ya que "los bancos oficiales la ofrecen a una tasa del 7%" y además "no incrementan los limites de crédito" para las empresas.

La prefinanciación de exportaciones "debería ser considerada una práctica normal y común por ser una de las formas más seguras de cobranza de los créditos otorgados por los bancos, que es utilizada en todo el mundo", sostuvo. En su opinión, "este es su conjunto de dificultades" que "evidencia la falta de una política de exportación y la existencia de una alta presión fiscal para con este sector productor y exportador. Esta situación hace que la ecuación económica de las empresas se encuentre altamente comprometida, al punto tal que de será muy difícil mantener los niveles de actividad de la industria, que actualmente son muy bajos.

Durante los últimos meses, la pesca argentina -en especial la radicada en Mar del Plata- "ha hecho enormes esfuerzos por minimizar el impacto social de la crisis y por mantener el nivel de empleo. Y lo ha hecho en un contexto sumamente desfavorable", argumentó el representante de la cámara pesquera.

Según dijo Fortunato, Cepa "ha advertido de esta situación, en su momento, a las autoridades provinciales, nacionales; muchas fueron las promesas y sólo una devolución de la tasa de gas oil se efectivizó". Para el presidente de la cámara, en este punto deberían "ser adoptadas medidas, ya no para solucionar la crisis, sino al menos para disminuir su impacto. Entre ellas, que el Estado pague los reintegros de las exportaciones, el Iva y gasoil que les adeuda a las empresas. Y además que se instale, igual que se instaló hace poco con el gasoil, un sistema de rápida posibilidad de uso de estos fondos en la medida que se vayan produciendo en el futuro, ya sea para cobranza rápida o utilización vía certificados, para el pago de otras obligaciones fiscales.

También se hace necesario establecer un programa de corrimiento de obligaciones fiscales por 12 meses sin pago de interés alguno". Además, planteó como otra dificultad las crecientes limitaciones operativas que existen en Mar del Plata a causa de la falta de dragado de su vía de acceso.

El SOMU paraliza la

carga de contenedores

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos decidió una vez más paralizar la carga de contenedores que contengan productos pesqueros, tanto en el puerto de Mar del Plata como en el de Capital Federal. Esta no es la primera vez que el gremio adopta esta clase de medidas, con la intención de forzar la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo con empresas pesqueras de la ciudad, en el marco de una controversia con el otro sindicato que representa a los marineros locales, el Simape. La decisión de no permitir la carga de contenedores que contengan productos pesqueros fue comunicada en las primeras horas de ayer por parte del SOMU a la Cámara de Armadores de Remolcadores. Esta entidad le hizo llegar de inmediato su preocupación al Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, al que le solicitó su rápida intervención en el tema. La medida de fuerza la protagonizan los marineros que realizan tareas a bordo de remolcadores, cuyos servicios son esenciales para la operatoria de los grandes buques portacontenedores.

Concretamente se declararon en estado de alerta y resolvieron no prestarle asistencia a que las embarcaciones mercantes que lleven a bordo pescados y mariscos.

Por esa razón la naviera Maersk les comunicó ayer a las empresas pesqueras que quedó suspendido el ingreso de su portacontenedores a Mar del Plata y que, ante esta situación, tampoco podrá cargar sus productos en Capital Federal. Esta no es la primera ocasión en la que el SOMU adopta una medida de esta naturaleza. En los últimos años el sindicato llevó adelante este tipo de acciones al menos en tres oportunidades. Para los empresarios pesqueros locales, se trata de un reiterado "boicot" a la industria pesquera local, en el marco de una situación que tiene como telón de fondo una controversia gremial. Es que el SOMU perdió incidencia entre los marineros de los buques pesqueros marplatenses a medida que fue creciendo la gravitación de otro gremio que representa a la actividad, como es el caso del Simape.

Prueba de ello es que para tratar de forzar la firma de un convenio colectivo de trabajo para la pesca, el SOMU recurre a la acción directa de los marineros de los remolcadores. Según se supo, en las últimas horas tanto las empresas de remolcadores, navieras como pesqueras les hicieron llegar su inquietud a las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales, solicitándoles su intervención en el tema.

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