Reclaman por la "idoneidad moral" de Pedro Simón

El ex diputado y abogado recibió duros cuestionamientos en la audiencia pública en el Senado. Comunidades campesinas lo acusan de desalojar tierras.
En la página web del diario Página 12, durante la jornada de ayer y bajo el título "Un candidato que cosecha repudios", se describe la defensa asumida por el ex diputado y abogado Pedro Simón, durante la audiencia pública realizada el miércoles pasado, con el objeto de determinar si se lo designa fiscal del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

El pliego de Simón está en la Comisión de Acuerdos del Senado nacional, que tiene que decidir sobre el particular.

Entre los cuestionamientos que le hacen organizaciones campesinas a Simón, se lo acusa de pertenecer a un estudio jurídico "especializado en el desalojo de comunidades campesinas e indígenas en beneficio de terratenientes". Por ello da cuenta la nota que "el Movimiento Campesino y el CELS, entre otros, pidieron ayer (por el miércoles) al Senado que no aprobara su designación".

"Vinimos a defender nuestros montes, para que las comunidades no terminen de desaparecer", explicó María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

"Fue promovido con acuerdo del Gobierno nacional, pero seguiremos aportando argumentos para que no sea designado. Si asume veríamos vulnerados totalmente nuestros derechos", agregó Nélida Solorza, primera dirigente campesina que llega a integrar la Cámara de Diputados provincial.

Ambas se refieren al abogado Pedro Eugenio Simón, "especialista en desalojar comunidades campesinas e indígenas, tarea que desempeñó a sueldo de terratenientes, luego como diputado provincial, y que pretendería continuar como fiscal federal de Santiago del Estero", señala el artículo que lleva la firma de Pedro Martínez.

Su pliego de candidato fue impugnado por organizaciones provinciales y nacionales como la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad. La nota de Página 12 señala que "ayer (por el miércoles), durante una audiencia pública, ratificó todos los hechos que ponen en duda su idoneidad moral y su compromiso con una Justicia democrática e independiente".

El caso Simón merece la atención de los pequeños productores, cuyas tierras, con la extensión de la frontera agropecuaria y el auge del cultivo de la soja, se tornaron apetecibles para las multinacionales y despertaron el interés de operadores de toda clase.

El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó "una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario y de un escribano por defraudación y falsificación de instrumento público".

En este caso se le atribuye a Simón un rol "directo y decisivo", según la Fundación LADH.

Impulsó norma sobre desalojo

Como diputado del Bloque Lealtad Popular, Pedro Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, indica la nota de Página 12.

La norma había sido derogada por la intervención federal porque "coloca a las personas de condiciones más humildes en situación de vulnerabilidad e indefensión", sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El CELS y Copadi recordaron que Simón era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideraron "por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado". Cuando su propuesta se convirtió en ley participó de un desalojo junto a un grupo de elite de la policía.

También señala la nota que "defendió a Minera La Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes se postuló para fiscal".

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