El proyecto de declaración, ingresado formalmente por Mesa de Entradas de la Cámara baja la semana pasada, solicita “el efectivo cumplimiento de dos Leyes que disponen la obligatoriedad de la sala de 4 años, y la universalidad de la sala de 3 años del nivel inicial”.

La preocupación del representante de los ciudadanos de la Segunda Sección bonaerense, en la Legislatura, tiene como fundamento central “que se garantice efectivamente el acceso a la educación a todas las familias de la Provincia de Buenos Aires. Este es un derecho legislado en la Constitución Nacional en su art 14, y en la ley especial nacional 27.045 y en la ley provincial 13.688”.

Santiago, que además ocupa la Vicepresidencia II de la Cámara, entiende que esas dos normas “significan una ampliación de derechos y otorgan a todos los ciudadanos la capacidad de la exigibilidad de ese derecho”.

Asimismo, en el proyecto se expresa taxativamente que “corresponde al Estado universalizar los servicios educativos para toda la población, mediante la creación de infraestructuras, de nuevas secciones en las instituciones, nombrando maestros, aplicando presupuestos y garantizando espacios y materiales dignos que permitan la enseñanza y el aprendizaje”.

Cabe recordar que la norma 27.045 establece en el artículo 16 que “la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria”; y estipula que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma “tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para niños de 3 años de edad y priorizar la atención educativa de sectores menos favorecidos”.

“Está científicamente comprobado -resalta Santiago en el proyecto- que los cinco primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo infantil. El estímulo y la atención que reciben los niños en esta etapa influyen notablemente en el éxito de la trayectoria escolar”.

Tras precisar que “la desigualdad en el acceso a la educación inicial condiciona la forma en que se desarrollará el niño en las etapas de educación primaria y secundaria”, Santiago asegura que “en la Provincia de Buenos Aires continua existiendo una importante brecha entre los niños que concurren a las salas de 3 y 4 años, y quienes no lo hacen”.

Por último, el diputado oriundo de Rojas recuerda que “todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos para acceder a estas herramientas tan importantes, como es la educación. Y el Estado es quien tiene la obligación de hacer posible este acceso y de achicar la brecha existente, orientando políticas de ayuda a los sectores sociales desfavorecidos generando más cargos e infraestructura”.