Reclaman demostración del funcionamiento de las rampas de los colectivos

La presidenta de la Comisión de Transporte del HCD, Dra. Verónica Hourquebié, presentó este miércoles dos proyectos de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que brinde información respecto del contrato existente entre UTE El Libertador y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que establece la conformación de un fideicomiso cuyo destino es la reparación de las calles por donde circulan las unidades, y que se especifique cuáles son los ingresos provenientes de la explotación del transporte público pasajeros desde el momento de la adjudicación.
También, la edil radical reclamó una demostración del funcionamiento de 60 rampas para discapacitados instaladas en colectivos.

TRANSPARENTAR LOS NUMEROS

Por medio de un proyecto de Comunicación, la concejal de la UCR, Verónica Hourquebié, haciendo hincapié en el "poder de Policía que ejerce el Municipio en el contralor de todo servicio reglamentado por Ordenanza, en especial el servicio de transporte público colectivo de pasajeros y la necesidad que se de cumplimiento a las estipulaciones previstas en la Ordenanza 10.882", solicitó al departamento Ejecutivo que informe respecto del contrato de fideicomiso rubricado entre la UTE El Libertador y BAPRO, desde la suscripción del mismo hasta la fecha.

Según la fundamentación de la edil, la citada Ordenanza estableció que la Unión Transitoria de Empresas El Libertador, "deberá constituir un contrato de fideicomiso con el fin de depositar la totalidad de los importes percibidos por el Sistema de Admisión de Usuarios en una cuenta abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires", así como "el BAPRO debía retener los importes correspondientes a tributos municipales incorporados a la tarifa del servicio público de transporte público colectivo de pasajeros", contrato de una duración de 10 años y cuyo vencimiento se producirá el día 3 de diciembre de 2013.

En consecuencia, la legisladora reclamó un detalle mensual de los ingresos retenidos por BAPRO, en concepto de 1% por Fondo Municipal de Transporte, cuyo destino es la reparación de las calles por donde circula el transporte público; del monto destinado de dicha recaudación y de la reparación de calles y detalle de lo ejecutado.

También pidió que se especifique el monto recaudado, determinado mensualmente, en concepto de remanentes por la pérdida o destrucción de tarjetas magnéticas (después de transcurridos los 180 días), ingresadas a las arcas de la Municipalidad de General Pueyrredón y el monto determinado mensualmente que retuvo el BAPRO (0,50 %) por su retribución.

Por otra parte, Hourquebié, en otra Comunicación, reclamó información acerca de los ingresos provenientes de la explotación del Transporte Público Colectivo de Pasajeros, desde la adjudicación de la Licitación Pública, y su distribución por empresa, conforme regula el artículo 31.6 del ANEXO I, Título I, Capítulo I, de la Ordenanza Nº 16.789 y considerando que "resulta imprescindible ejercer el contralor correspondiente a los dineros públicos que los usuarios del transporte público colectivo de pasajeros tributan diariamente y su destino final conforme establecen las Ordenanza vigentes".

En ese sentido, la concejal reparó en que las sumas a distribuir del total recaudado "surgen de determinar el diagrama de las frecuencias, kilómetros y recorridos establecidos", mientras que "las sumas remanentes por los conceptos anteriormente señalados deberán ingresar mensualmente en una cuenta especial abierta por la Tesorería Municipal a esos efectos".

RAMPAS

En otro orden, la edil radical instó al Departamento Ejecutivo, mediante un proyecto de Ordenanza, a "instrumentar los mecanismos necesarios a fin de efectuar la demostración del funcionamiento de las sesenta rampas instaladas en las unidades del transporte público colectivo de pasajeros, ante la Comisión de Transporte, en el ámbito que considere conveniente, en un plazo perentorio de 15 días a partir de sancionada" la norma.

En esa línea, la legisladora manifestó que ante "la realidad social en que se encuentran las personas discapacitadas y el impedimento de trasladarse libremente en los medios de transporte público colectivos de pasajeros de la ciudad", corresponde al Ejecutivo garantizar tal servicio.

Y recordó que, en el marco de una reunión celebrada en la Comisión de Transporte el pasado 27 de mayo, el Secretario de Gobierno expresó que las 60 rampas "serían instaladas, a más tardar, el 15 de junio".

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