Recién ayer liberaron a dos mujeres de Finca Las Costas

Recién ayer la Justicia dictó la orden de dos mujeres que habían sido detenidas en la represión policial que se instrumentó en Finca Las Costas el miércoles pasado, día que se las arrestó.
La eximición de prisión se dictó recién por la tarde, luego de que las mujeres prestaran declaración indagatoria en el Juzgado Formal de 8ª Nominación, a cargo de Federico Diez.

La imputación en contra de la Pastora Vilte y Estela Guzmán fue por "instigación a cometer actos de violencia colectiva, agresión con armas, amenaza de muerte y lesiones".

Según lo relatado por la abogada Mara Puntano, en el expediente que se sigue en la Justicia, también se imputó a otros miembros de la comunidad, para los que la letrada ya solicitó la suspensión de cualquier detención que pueda ser ordenada.

En el trámite realizado, fue la denuncia de los miembros de la Comunidad la que se tomó primero, para después tomar declaración a los policías y así terminar promoviendo acción penal en contra de la Comunidad Lule de Finca Las Costas. Puntano describió que en la primera foja del expediente se cuenta con la denuncia de Teresa Lavallén Pistán, una de las integrantes de la Comunidad, y solo después se adjuntan las declaraciones de los policías que actuaron en el operativo represivo del miércoles. Con esto, la Fiscalía accionó penalmente contra los denunciantes, y con ello, la Justicia retuvo en detención a las mujeres por dos días.

"Hicieron igual con la primera denuncia", contó Puntano a Nuevo Diario, al indicar que la Policía fue enviada por la Justicia para proteger los terrenos en donde el Jockey Club quiere hacer las canchas de rugby, tras iniciar un expediente por la denuncia que la Comunidad puso contra la entidad deportiva por el delito de usurpación.

Tras conocer las distintas consideraciones vertidas por el gobernador Juan Manuel Urtubey, y el ministro de Seguridad, Pablo Kosiner, la abogada consideró que la lógica lleva a determinar que fue el Poder Ejecutivo el que dio la orden para reprimir. Esto, señaló, consecuencia también de la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. Mientras, hasta ahora no existe evidencia que se haya dispuesto una orden por escrito para que la Policía actúe con la represión.

Los Lules anoche se volvieron a manifestar para reclamar como parte de su territorio parte de una parcela que uno de los integrantes de la comunidad subarrendó al Jockey Club. La entidad deportiva asegura que su intención es disponer canchas de rugby. La Comunidad asegura que el real propósito es quedarse con estas tierras. Al haber contratos de arriendo, la Provincia dice que las tierras son fiscales y en su carácter de gobernador de turno, Urtubey dio el visto bueno para el subarriendo, algo que está prohibido en el contrato de arriendo dado por el gobierno provincial.

Comentá la nota