Más rechazos al nombramiento de parientes y amigos de diputados en la defensoría

A casi una semana de que los diputados provinciales del peronismo y del radicalismo acordaran repartir entre familiares y amigos los puestos para personal de la recientemente creada Defensoría del Pueblo, los ecos de esa movida no se acallan.
Hasta ahora sólo el defensor adjunto Daniel Illia salió en defensa de los legisladores, mientras que condenaron la actitud cámaras empresarias, partidos políticos no mayoritarios, gremios, movimientos sociales y ciudadanos comunes.

Ahora sumaron su voz otras organizaciones, como el Consejo Profesional de Abogados, el Colegio de Abogados, el Partido Popular de la Reconstrucción y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Sólo tres diputados no votaron los nombramientos: Carlos Martínez (Libres del Sur), Fabricio Bolatti (Frente Grande) y Raúl Acosta (Partido de la Concertación).

Muerte anunciada

El presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, José Alejandro Sánchez, dijo que lo ocurrido es “la crónica de una muerte anunciada” ya que “desde la misma designación del Defensor del Pueblo no se respondió a las expectativas de invulnerabilidad a las manipulaciones políticas en las que confiaba la sociedad civil, precisamente porque no respondió a un criterio objetivo de selección como es el concurso público”.

“Por el contrario, el nombramiento del titular (Gustavo Corregido) por el gobernador y del adjunto (Daniel Illia) por el sector político de la Alianza fue la peor noticia que la ciudadanía recibió en orden a fortalecer su confianza en este noble instituto creado por la Constitución reformada de 1994, porque no se procedió con la garantía de la objetividad”, expresa Sánchez en un comunicado.

Al respecto recuerda que el Consejo Profesional promovió la designación del Defensor del Pueblo por concurso público de antecedentes y oposición y así lo hizo saber a la Legislatura y también en la audiencia pública convocada por el tema, sin que el reclamo fuera atendido.

Eso, más lo ocurrido el miércoles pasado con el nombramiento de empleados, genera la necesidad de que “los poderes públicos abandonen la prédica sobre mejoramiento de la calidad institucional y la reemplacen con acciones concretas en esa dirección”, dice Sánchez.

“A esta altura no queda otro camino que desandar todo lo hecho al respecto, dejando sin efecto las designaciones, dictando una reglamentación que establezca el concurso público de antecedentes y oposición para nombramiento de todos los funcionarios de la defensoría del pueblo”, plantea.

Por concurso

El Colegio de Abogados, en tanto, sentó como postura que “los cargos se deben elegir por concurso”, según manifestó el presidente de la entidad, Amilcar Aguirre.

“La decisión de la Cámara de Diputados de la provincia de aprobar la estructura de cargos para poner en funcionamiento el Instituto del Defensor del Pueblo generó un intenso debate político y social luego de que trascendiera que la ley fue sancionada con un anexo con los nombres del personal que iba a ocupar cada cargo, vinculados estos con referentes de partidos mayoritarios en el recinto”, recuerda.

Vergüenza legislativa

El Partido Popular de la Reconstrucción, a su vez, califica de “vergüenza legislativa” lo actuado por los diputados, y dice que además de las objeciones éticas, cabe recordar que lo votado por los legisladores “desconoce y burla a la ley 4190” que en su artículo 6º establece que debe ser el defensor del pueblo quien designe a sus colaboradores.

“Pero más allá de lo que debiera ser por ley, interpretamos que nuevamente los contubernios políticos insultan doblemente la inteligencia de los ciudadanos, porque además de violar normas preexistentes, pretenden hacernos creer que hicieron lo correcto y que todos estamos equivocados”, dice el comunicado que firma Oscar Arévalo, titular del PPR.

“Mas grave aún, quienes defienden lo actuado son los presidentes de los bloques políticos mayoritarios, los diputados Ricardo Sánchez y Carim Peche, sin que hasta el momento surja alguna voz de arrepentimiento por parte de sus pares. Consideramos que este escenario de la vergüenza, por la torpeza y grosería, nos marca hoy el nivel de nuestra Cámara de Diputados”, indica.

Malos ejemplos

El secretario general del Sindicato Municipal, Jacinto Sampayo, cuestionó el hecho de que “esos mismos diputados son los que exigen a los jueces que renuncien a sus cargos en el Superior Tribunal de Justicia por no haber accedido a esos cargos de acuerdo con lo que establece la Constitución” y ahora muestran que “predican pero sin el ejemplo”.

“Este papelón embarra al gobernador porque nadie se va a tragar que esto fue solo producto de la audacia de una sarta de ignorantes. El nepotismo siempre existió, pero en este caso se les fue a los pies. La burrada de esos diputados demuestra, sin máscaras, que en este territorio impera la viveza y no la inteligencia”, dice Sampayo.

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