Polémica, bronca y rechazo son las sensaciones que despertó la probable implementación de la aplicación telefónica Uber en taxistas de todo el país. El sistema, que vincula a autos y conductores particulares con ocasionales pasajeros en forma virtual, también despertó la ira de los propietarios y trabajadores de taxis puntanos que adelantaron que resistirán el desembarco de la modalidad en caso de llegar a San Luis.

Así lo aseguraron ayer Oscar Sosa, titular de la Asociación de Conductores de Taxis (Acotax), y Jorge Fernández, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, entidad vinculada a la federación nacional del sector.

También, aunque en una primera mirada, el concejal Roberto González Espíndola -al frente de la comisión de Transportes del Concejo Deliberante- avizoró que la aplicación del sistema en San Luis es inviable por no ajustarse, a priori, a las regulaciones vigentes que exige el Legislativo comunal y la propia Municipalidad de San Luis.

Uber es una compañía multinacional que funciona en distintos países de Europa y América y que adelantó su desembarco en el país. Su implementación reemplaza el uso del antiguo radio taxi y busca dar por tierra el tradicional ascenso a un taxi mediante la típica detención del mismo en una vereda o calle cualquiera.

El sistema radica en la vinculación, mediante un teléfono celular inteligente, entre el pasajero y la red de conductores particulares adheridos a la red virtual que pululan, en ese instante, por las ciudades. Ante el pedido de auto por parte del usuario, el programa busca automáticamente al vehículo particular (no están identificados) más cercano y lo manda a la dirección donde lo necesitan.

Bajo la misma plataforma, la persona recibe los datos del conductor y del coche para saber cuál abordar. Sin embargo los choferes o dueños de autos que explotan Uber no reúnen las mismas exigencias que los taxistas o remiseros cumplen en las diversas ciudades del país y por ello, desde las distintas asociaciones, están en pie de guerra. San Luis no es la excepción.

"Tenemos poca información, sólo lo que sale en los medios, pero ya nos reunimos para analizar el tema y sin dudas resistiremos su aplicación en caso de que llegue a San Luis. De todos modos pensamos que es inviable que funcione aquí por distintas razones. ¿Quién garantiza la seguridad del pasajero y de que esos autos mecánicamente responden a las exigencias?. Nadie. Además, el Municipio no puede darle el visto bueno ni ser garante a un sistema inseguro. Sería una competencia desleal. Nosotros resistiremos la la medida porque eliminaría los taxis", dijo Oscar Sosa.

"Nosotros venimos trabajando sobre este tema hace dos años. Imaginábamos que podía desembarcar en el país, pero no pensamos que lo hiciera tan pronto. Pensamos que Uber es, directamente, un transporte ilegal y enmarca una competencia desleal hacia aquellos que cumplimos con las exigencias provinciales y municipales. Nosotros estamos regulados, ellos no. Por más que estén registrados en su red, los ciudadanos que lo utilicen no tienen garantías. No saben si ese auto es seguro y mucho menos conocen la conducta del conductor. Nos opondremos a su uso en nuestra ciudad y seremos parte del paro y movilización que plantea la Federación Nacional de Propietarios de Taxis", manifestó Jorge Fernández.

La medida de fuerza estaba prevista para el 7 de mayo, en Buenos Aires, pero podría adelantarse para el 20 de abril.

Desconfianza en el Concejo

La probable llegada de Uber a la región Cuyo encendió las alarmas de los taxistas y los ediles de las diferentes ciudades imaginan los debates que podría despertar.

El concejal Roberto González Espíndola no ve con buenos ojos su implementación, mucho menos si no respeta las regulaciones vigentes. "Por ahora manejamos la información que emiten los medios. No tenemos un fundamento formado, pero estamos atentos a lo que comentan los medios. Es un sistema que no tendría una regulación de los gobiernos locales. Sabemos que el servicio semipúblico de transporte respeta controles de los gobiernos municipales y del Concejo Deliberante. Y esto es un sistema privado que no tiene en cuenta ordenanzas, pero si la aplicación quiere intervenir en la ciudad debe contar con la autorización de la Comuna. Hay que analizarlo en profundidad pero, por lo pronto, San Luis y otras ciudades vecinas no se autorizan este tipo de sistemas. Es transporte semipúblico y debe controlarlo la Comuna. Sin regulación no podría funcionar", expresó.