Rechazo en la Justicia a las leyes de control que plantea Jaque

En Tribunales hubo un fuerte rechazo a las leyes que apuntan a controlar la eficiencia y a congelar el pago de la antigüedad a los 60.
La Suprema Corte de Justicia se mantuvo en silencio y la Federación de Abogados resolvió analizar el tema la semana entrante. Pero la Asociación de Magistrados y la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales salieron ayer al cruce de los tres proyectos de ley que el gobernador Celso Jaque envió el martes pasado a la Legislatura.

En los cuatro lugares existen sospechas de intencionalidad política del Ejecutivo sobre el momento de envío de las iniciativas o sobre los mismos proyectos.

Estos se originaron en la Secretaría General de la Gobernación que conduce Alejandro Cazabán y el primero de ellos propone que los jueces de cualquier instancia, fiscales, defensores y procurador general de la Suprema Corte, rindan exámenes psicofísicos cada dos años, de gestión cada cinco y técnicos cada siete.

"Éste es un tema desafortunado, más que ríspido", reaccionó Orlando Farruggia quien, ayer, justo al otro día del anuncio formal del Gobierno, volvió a asumir como presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza.

"La remoción de un juez no puede ser por una reválida. Los jueces ya son controlados por los abogados, por los colegios de abogados, por los tribunales superiores y por la institución del jury", manifestó.

Agregó que "los jueces ya están atareados con sus causas como para que se los someta a una evaluación que los obligaría a abandonar su tarea un par de meses, para prepararse para rendir el examen", dijo, dando a entender que se resentiría el funcionamiento en Tribunales. También hizo notar que ya hay una "opinión formada" de la Federación Argentina y de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, contraria a los exámenes de reválida.

Sobre el proyecto de ley que apunta a congelar el pago de la antigüedad a los 60 años, Farruggia dijo que "la antigüedad es parte del ingreso de un magistrado, como estableció un fallo en primera instancia que no fue apelado por el Ejecutivo (durante la gestión de Arturo Lafalla).

Esto sucedió cuando se dispuso congelarla y originó un planteo de inconstitucionalidad. Por lo tanto, un congelamiento de la antigüedad viola la intangibilidad y desconoce una sentencia reconocida", dijo Farruggia, refiriéndose a la situación de los magistrados actuales más que a la de los futuros. En ese sentido, en la Casa de Gobierno el ministro Mario Adaro y el subsecretario Sebastián Godoy Lemos dejaron bien claro que la ley del congelamiento -como cualquier ley- no tendrá una aplicación retroactiva.

El único de los tres proyectos que -sin un pronunciamiento expreso a favor- Farruggia consideró "viable" fue el referido a la suspensión de la feria de invierno para los tribunales con causas demoradas. "La feria de julio es una disposición establecida en el Código Procesal Civil; no es una licencia sino que es la fijación de días inhábiles por parte de una acordada a fin de que muchos juzgados -utilizando ese período- pongan al día sus retardos", manifestó.

Pero en este caso, el que se opuso fuertemente fue el secretario general del gremio judicial, Carlos Ordóñez.

El dirigente consideró que "los retrasos en la Justicia y los cuellos de botella no se generan en el personal ni en las secretarías sino en la cantidad de sentencias que sacan (los jueces). Habría que preguntar a los magistrados si son capaces de aumentar la cantidad de horas de trabajo para sacar las sentencias. Esto no tiene nada que ver con el trabajo de los empleados de las mesas de entradas ni de las secretarías", enfatizó. Consideró que el paquete de leyes "tiene visos de ilegalidad pero también de oportunismo político".

Abogados preocupados

La Federación de Abogados y Procuradores de la provincia -una organización de segundo grado con 7.300 matriculados que nuclea a los cuatro colegios profesionales de Mendoza, Tunuyán, San Martín y San Rafael- se reunió ayer por espacio de tres horas en su sede y mostraron visibles signos de preocupación por las demoras en las causas judiciales que viene provocando la lucha de los judiciales.

"En los últimos tiempos habíamos notado una mejoría progresiva en el funcionamiento de los Tribunales con la apertura a las 7.30, con el turno vespertino, con las audiencias por la tarde... pero ahora se ha entorpecido todo con las continuas medidas de fuerza", confirmó el dirigente de uno de los colegios.

"Hay tribunales que permanecen cerrados dos horas o más al día y todo se retrasa", se quejó.

La paritaria de los judiciales es una de las que más se ha prolongado sin que se haya llegado aún a un acuerdo salarial.

En tanto, voceros de la Federación de Abogados y Procuradores confirmaron que la semana entrante analizarán los proyectos de ley del Ejecutivo -que ya solicitaron a la Legislatura- y no descartan que puedan fijar una postura pública.

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