El rechazo de Gobierno a la iniciativa popular contrasta con el proyecto redactado por legisladores del ARI

El rechazo del Ejecutivo provincial a la iniciativa popular presentada por el PFF, para que la Legislatura rechace el nuevo plazo solicitado por la gobernadora Ríos para que la empresa de capitales chinos haga el depósito por la compra anticipada de gas de regalías, contrasta con el proyecto para reglamentar ese instituto en la Provincia, presentado por el bloque del ARI.
En este último, ninguno de los argumentos que fueran planteados como "requerimientos incumplidos" por parte del Ejecutivo para rechazar la acción respaldada por más de 20 mil firmas, ha sido incluido en el proyecto de ley ingresado por los legisladores oficialistas.

El mismo día en que el Gobierno de la Provincia le solicitaba a la Justicia Electoral "se expida sobre una serie de cuestiones vinculadas" a la iniciativa popular que presentaron vecinos y militantes del Partido Federal Fueguino a la Legislatura, pidiendo el rechazo de la Cámara de los nuevos plazos que solicitó la gobernadora Fabiana Ríos para el depósito de los 27 millones de dólares en concepto de pago anticipado por la venta de gas de regalías a la empresa de capitales chinos TDFEQ SA, el bloque de legisladores del ARI presentó en Cámara un proyecto de ley que se ajusta en un todo a la presentación efectuada por los primeros, contrastando con el exacerbado legalismo con que ataca el Poder Ejecutivo a la voluntad expresada por más de 20 mil firmas.

Tomando como base el artículo 207 de la Constitución Provincial, y en 10 artículos, los legisladores aristas proponen para el ejercicio del derecho a la iniciativa popular el aval de el "10 por ciento de votos efectivamente emitidos en la elección provincial inmediata anterior a la fecha de tal presentación", amplían como marco particular, en caso que esta tenga por objeto "la necesidad de reforma constitucional, tributos y presupuesto, la firma de un número de ciudadanos no menor al 25 por ciento de la cantidad de votos, (también) efectivamente emitidos en la elección provincial inmediata anterior a la fecha de la presentación"; e indica en materia de recolección de firmas, que "toda planilla deberá contener, "un resumen del proyecto de ley a presentar, nombre y domicilio de los promotores responsables de la iniciativa, la firma de los peticionantes con aclaración del nombre, apellido, tipo y número de documento y domicilio".

En materia de "autenticidad de las firmas", el proyecto del bloque oficialista pretende que "previo a la presentación del proyecto en la Legislatura y a pedido de los promotores responsables, la Justicia Electoral Provincial verifique por muestreo, la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días, prorrogables por resolución fundada del tribunal", que "el tamaño de la muestra no sea inferior al 0,5 por ciento de las firmas presentadas", que una vez que se certifique "la autenticidad de las firmas" el Tribunal entregue a los peticionantes, copia del acto que certifica dicho cumplimiento, y finalmente, que pasa su ingreso a la Legislatura, la iniciativa popular sea presentada "por escrito ante la mesa de entradas de la Legislatura".

Hacia dentro del propio cuerpo, los aristas proponen que la Legislatura "imprimirá al proyecto trámite preferencial", para un tratamiento dentro de un plazo de 6 meses y en el caso de transcurrido ese lapso de tiempo "de estado parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión", el presidente lo incluya "sin más trámite en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente".

La discrepancia o discordancia entre el proyecto de los legisladores del ARI y el pedido elevado por el Gobierno a través del secretario de Hidrocarburos Eduardo D'Andrea, al juez Electoral de la Provincia Horacio Maffei –quien ya se expidió favorablemente sobre la mecánica utilizada por el Federal Fueguino para llevar adelante la iniciativa ya ingresada a la Cámara–, es evidente, toda vez que el Ejecutivo va más allá del proyecto de ley cuando fundamenta su rechazo, al sostener la existencia de "requerimientos incumplidos" sobre la mecánica utilizada para formular el petitorio de Iniciativa Popular, que la petición no fue redactada en forma de proyecto de ley, que no existen motivos fundados sino que estos fueron reemplazados con un eslogan, que no existe descripción de gastos y origen de los recursos para llevar adelante "semejante movilización y fundamentalmente quien los financió" y que no se verificó "en un plazo no superior a 10 días previos a la circulación y recolección de firmas, del resumen impreso del proyecto de ley presentado y la mención de su o sus promotores".

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