Se rechazó dictamen del ministro Aramburu

El Consejo de la Magistratura resolvió, por mayoría, no convalidar la opinión exculpatoria sobre la conducta reprochada al Juez Electoral. Se dispuso que la denuncia sea analizada por un nuevo miembro del cuerpo, responsabilidad que recayó en la legisladora Mónica Urquiza.
Seis de los 7 miembros del Concejo de la Magistratura de la Provincia iniciaron ayer por la mañana el proceso de evaluación presencial para cubrir el cargo de Juez del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Zona Norte con sede en la ciudad de Río Grande, entrevistando a los doctores Pablo Bramoti, Alberto Marotta, Alejandro Casañas y Pablo Candela.

El cargo abierto tiene por objeto incorporar un nuevo miembro para atender por un lado, los delitos que no superan los 3 años de prisión de máxima conocidos como penal abstracto, los que no prevén prisión de la libertad, las multas e inhabilitaciones, los delitos de calumnias e injurias, penas de acción privada y por último, en grado de apelación, las faltas y contravenciones municipales y policiales, y por el otro; las penas impuestas por todos los tribunales de la Provincia, tanto correccionales como criminales y la suspensión de juicio a prueba.

Más allá de conocer a los postulantes, sus antecedentes y las motivaciones que los mismos traen para ocupar el cargo, los miembros del organismo efectuar una serie de preguntas de naturaleza técnica, destinadas a conocer la opinión de los entrevistados en cómo mejorar el sistema en las unidades de detención, cual era la valoración sobre fallos dictados por el Superior Tribunal de Justicia en materia correccional, respecto a la validez de la Ley Provincial 192 sobre el tratamiento de presos en su cotejo con la Nacional 24660 de tratamiento penitenciario, el abanico de competencia del juez correccional e hipótesis en cuanto a la aplicación de la ley de flagrancia.

Paralelo a ello y posterior a un sorteo de temas, desde las 14 en adelante los postulantes respondieron por escrito a un cuestionario basado en el caso referenciado en el expediente 1.857 caratulado: "MOGRO, Walter Marcelo s/ Lesiones Leves y Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo; resistencia a la Autoridad en Concurso ideal con lesiones Leves".

De los tres pedidos de jury formulados contra el Juez Electoral

Urquiza actuará de fiscal en una de las denuncia contra Maffei

Dirigida por el vicepresidente de la Corte Provincial, Gonzalo Sagastume, la sesión del Consejo de la Magistratura, llevada a cabo con ausencia del Ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, quien se encuentra aún fuera de la provincia desde el miércoles 9, avanzó con una de las tres causas que se tramitan contra el Juez Electoral de la Provincia Horario Rubén Maffei. Las dos primeras presentadas por el ex Concejal de Tolhuin Aníbal Cesar Cardozo y por el Legislador Territorial Adrián De Antueno, quienes pidieron jury de enjuiciamiento pasaron para la próxima sesión del Organismo. El primero lo requirió al considerarse perjudicado por la habilitación de sumatoria de votos que permitió hacia el Frente de la Victoria, 19 días antes de las elecciones municipales de Noviembre de 2007, y que posteriormente le quitó el triunfo electoral para el cargo de intendente de esa comuna por no más de 70 votos, encabezado la fórmula del Frente Popular Independiente; y el segundo en su condición candidato a intendente de Ushuaia por el movimiento 26 de abril, por "el cambio arbitrario" de fecha de las elecciones fijadas para el 7 de octubre y corridas hacia el 11 de noviembre también de 2007, al entender que no se garantizó la imparcialidad y se efectuó una modificación que beneficio a los partidos mayoritarios.

La tercera de ellas que avanzó en su proceso, se formuló como consecuencia de las declaraciones públicas que el magistrado realizó en el mismo año, contra el ex gobernador José Arturo Estabillo, al asegurar que este había pasado "de ser director del IPRA a millonario", acusarlo como artífice del endeudamiento del Estado y ser autor de la muerte del trabajador Víctor Choque durante la convulsionada semana santa de 1995, posterior a verse expuesto públicamente y descubrirse que el mismo era ocupante irregular, de varias hectáreas de tierra en la zona costera de Almanza.

Para esto último, el Órgano de elección y remoción de jueces había designado como fiscal acusador al Ministro Aramburu, quien a fines de agosto interpretó que no había elementos suficientes para acusar al Juez, dejando la puerta para que el Superior Tribunal de Justicia fuera quien analice la conducta de Maffei.

Tras poner a consideración la opinión del ministro, el abogado José Luis Paños se excusó y solamente la abogada Teresa Lopardi dio su conformidad con esa postura, en tanto que el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, los Legisladores Ricardo Furlan y Mónica Urquiza y el propio Sagastume, coincidieron en la necesidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 12 de la ley provincial 525 y designar un Fiscal Acusador Subrogante, función que después de sorteo quedó en manos de Urquiza.

Para una próxima reunión quedaron también, los dos pedidos de jury de enjuiciamiento contra la jueza de primera instancia de competencia ampliada del Distrito Judicial Sur María Adriana Rapossi, requeridos por el abogado Javier Jury y por el ciudadano Cándido Garro, cuyas denuncias escritas fueron entregadas en copia a los consejeros para análisis y evaluación.

Entre otros temas, se prestó acuerdo al pedido del Superior Tribunal de Justicia para la designación de la doctora Sandra María Lucca para ocupar el cargo de Secretaria del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación, del distrito Judicial Norte y abrir el llamado a concurso para cubrir el cargo de de Juez Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

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