Rechazo al decreto que emitió el Poder Ejecutivo

Casi por unanimidad los consejeros resolvieron impulsar un planteo de inconstitucionalidad del decreto que firmó Ríos, por el cual se cambian las reglas de juego para la designación del juez del Superior Tribunal.
Casi por unanimidad los integrantes del Consejo de la Magistratura resolvieron impugnar el decreto 723/09 que emitió la gobernadora Fabiana Ríos, mediante el cual se atribuye la facultad de designar o no al candidato seleccionado por ese cuerpo colegiado.

Ayer, en una reunión extraordinaria, los consejeros evaluaron los alcances de la normativa, considerando que se trata de un nuevo atropello que hace el Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del Consejo, que ya sufrió embates durante el año pasado con la manipulación en la elección de los abogados.

El decreto del Gobierno se difundió como una medida trascendente, porque se somete al candidato a juez del Superior Tribunal seleccionado a un procedimiento de consulta ciudadana. Sin embargo, desde el Consejo de la Magistratura se lo tomó como una «total desacreditación» a la función propia de ese cuerpo colegiado, puntualizando que es inconstitucional y por tal motivo se ha dado instrucciones a la Fiscalía de Estado para impulsar las presentaciones legales en ese sentido.

Otra cuestión que atacaron los consejeros es que la Gobernadora pretende cambiar las reglas cuando está en pleno proceso un concurso para juez del Superior Tribunal, en instantes en que ninguno de los postulantes conocía que se adoptaría una medida de esa naturaleza.

Ayer, en la audiencia del Consejo, el ministro Guillermo Aramburu intentó defender el decreto del Poder Ejecutivo asegurando que no hubo ánimo de desacreditar el funcionamiento del cuerpo colegiado, pero nadie le creyó y por lo tanto decidieron avanzar en la impugnación de la normativa.

Cabe destacar que desde que la gobernadora Ríos está en el cargo jamás presentó un proyecto de reforma de la ley que regula el Consejo de la Magistratura, y tampoco para cambiar el reglamento interno. Esto se pudo verificar ante una solicitud que hizo el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.

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