STJ rechazó que causa de escribano por estafa pase a la Corte

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal de la defensa del escribano Raúl Echevarría, quien está procesado por el delito de estafa continuada y se encuentra en España con un pedido de extradición
El fallo fue dado a conocer esta semana por el STJ, quien resolvió por unanimidad rechazar el recurso interpuesto por el abogado Marcos Botbol, quien pretendía que el la causa iniciada en 1995 por supuesta estafa continuada en más de 30 hechos, llegue a la Corte Suprema de Justicia al considerar una "prolongación injustificada del proceso" y consecuentemente su prescripción.

En agosto pasado el STJ declaró inadmisible un recurso de casación de la defensa y consideró agotada la vía recursiva en las instancias locales, sin embargo la defensa presentó el nuevo planteo.

Con el voto rector del vocal del máximo tribunal provincial, Víctor Sodero Nievas y las adhesiones de Alberto Balladini y María del Carmen Vivas, se resolvió esta semana rechazar el planteo extraordinario federal por considerar que no cumple con las formalidades del caso y carece de fundamentación.

Echevarría está acusado por el presunto delito de estafa continuada contra la administración pública por 31 hechos irregulares cuando se desempeñaba como agente de retención del impuesto al sello entre 1991 y 1993. El caso llegó a la Justicia en 1995 por el cual fue juzgado y condenado en 1999 por una circunstancia similar, sin embargo la causa se desdobló y resta otro juzgamiento, pero años atrás se lo declaró prófugo de la justicia con pedido de captura que se efectivizó este año en España.

La Cámara del Crimen de Bariloche solicitó a España la extradición del escribano para que sea juzgado en esta ciudad por el delito de estafa continuada pero aún no se resolvió ese planteo en la Corte Española.

La defensa del escribano apeló a un recurso extraordinario federal por considerar que "existiría una prolongación injustificada del proceso y cabría presumir que hasta la sentencia definitiva podría transcurrir un lapso tan prolongado que irrogue un perjuicio, como por caso su detención" y agregó que existió un "uso arbitrario basado en demoras injustificadas imputables a los órganos jurisdiccionales".

El defensor centró su crítica en lo que entiende sería la "arbitrariedad" de la última resolución judicial, refiriéndose sucesivamente a los "actos interruptivos (el llamado a indagatoria y el decreto de citación a juicio), pasando después a la negativa en la aplicación por exceso del denominado plazo razonable de duración del proceso" por lo que concluyó que la Corte Suprema de Justicia "debe anular el pronunciamiento atacado y proceder a declarar la insubsistencia de la acción penal".

Sodero Nievas señaló que en primer término la presentación extraordinaria no cumple con las formalidades establecidas por la normativa y además señaló que en los argumentos recursivos no advirtió la alegada "arbitrariedad manifiesta" de la cual habla la Corte para hacer lugar a un recurso extraordinario.

El magistrado afirmó que la defensa "no logra demostrar la violación de derechos que aduce" y relató todo el procedimiento en la Justicia rionegrina del caso desde el inicio de la investigación el 28 de junio de 1995 hasta la actualidad, lo que arroja a las claras la intención del tribunal local de culminar con el proceso y remarcó que "es claro que fueron dilatorios los planteos de prescripción y de nulidad que, interpuestos en la etapa de instrucción, (suspendieron) –en lo fáctico- la tramitación y el avance del proceso durante todo el tiempo que insumió el agotamiento de las instancias locales".

Agregó además que las "dilaciones indebidas" en la causa no generan necesariamente la prescripción de la acción penal para la persecución del delito y remarcó que el imputado incumplió los deberes procesales no purgando la rebeldía y manteniéndose prófugo durante más de 5 años, por lo cual su conducta no hace valedero el derecho de la prescripción de la acción penal.

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