Rechazaron la queja del municipio

La novedad fue informada por el concejal Torres cuando el oficialismo se negaba a acompañar una resolución para afectar fondos con el objeto de cumplir la sentencia judicial • La resolución fue aprobada pero el oficialismo se mantuvo en la negativa.
En la sesión ordinaria del lunes último se trató el proyecto de resolución del concejal Juan Manuel Torres donde solicita al Ejecutivo que realice la previsión de una partida de dinero en el presupuesto del próximo año destinada a cumplir con la sentencia de la causa Spagnuolo contra la Municipalidad.

La apertura a debate del proyecto develó -por parte del oficialismo- un total desconocimiento de lo imperativo de la orden judicial, de los alcances de la misma y del estado actual de lo resuelto por Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tanto Juan Montoya como Carlos Ludueña argumentaron no acompañar el pedido del edil radical porque el municipio presentó una “queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la resolución de la Corte bonaerense que confirma la sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes.

Tras ello Torres explicó que el oficialismo debería saber que los plazos vencen a mitad del año entrante por dos motivos: primero por que el pedido de queja no anula ni interrumpe los plazos fijados y segundo porque la Corte Suprema ya había comunicado al letrado -por cédula- que no se había hecho lugar al recurso presentado por el municipio, es decir: se desestimó la queja y no dio lugar al pedido por lo que ya no quedan instancias judiciales pendientes. El municipio debe sí o sí cumplir el fallo y el mismo expira en julio del año entrante.

Ludueña –intentando justificar su decisión- explicó sobre un caso particular de su estudio jurídico por el cual un ente oficial no cumple con lo que estipuló la justicia por que se había presentado una queja. Y a pesar que los plazos estarían vencidos, su cliente aún no puede cobrar.

Pese a los firmes argumentos de Torres, el oficialismo mantuvo su decisión de no aprobar el pedido. “Es obligación, en el reglamento de Contabilidad que rige el funcionamiento de los municipios, está claro” insistió y afirmó que “esto es un tema del Tribunal de Cuentas, cuando hay gasto previsto tiene que figurar en el Presupuesto”. Abundando en explicación el edil radical explicó que la responsabilidad económica en última instancia recaerá en los funcionarios, “la Ley Orgánica de las Municipalidades lo establece y también la Constitución de la Provincia, donde –ante un perjuicio económico- se responsabiliza al o los funcionarios, hay multas procesales y también los hacen responsables con su patrimonio personal”, advirtió.

Finalmente, puesto a consideración, el proyecto fue aprobado por mayoría: salvo el bloque oficialista los demás ediles acompañaron esta iniciativa.

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