RECHAZARON APELACIóN A LAS CONDENAS Agüero y Araniz terminaron el año con un revés judicial

Quemada: los ex funcionarios marinistas quemaron una de las posibilidades de apelación que tienen del fallo que los manda a la cárcel. Pero todavía no vuelven a prisión. Pueden recurrir a una instancia superior, el STJ o la Corte Suprema. El año que viene, el dúo fuerte del IPAV durante el marinismo se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados.
El ex presidente y el ex gerente del IPAV, Hugo Agüero y Luis Araniz, terminan el año con un revés judicial. La sala B del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los jueces Carlos Flores y Gustavo Jensen, rechazó a principio de mes las impugnaciones a la condena a cinco años de prisión que les dictó la Cámara del Crimen Nº 1 el año pasado, por los delitos de peculado y cohecho.

Los jueces también rechazaron las impugnaciones de los otros condenados, Mirta Isabel Rodríguez, Walter Raúl García, Juan D’Amico y Rubén Naval. En cambio, hicieron lugar al recurso presentado por el abogado de Beatriz Susana Mansilla y declararon prescripta la acción penal en su contra.

Los hombres fuertes del IPAV durante el marinismo fueron condenados en diciembre del año pasado. Pero no volvieron a la cárcel porque el fallo aún no está firme. Este rechazo los pone cerca de regresar a prisión. Además, los ex funcionarios marinistas también tienen pendiente otra causa por las irregularidades en el organismo, aunque el juicio, que se iba a realizar este mes, se reprogramó y pasó para el año próximo.

Según trascendió ahora, Flores y Jensen rechazaron los argumentos de los defensores en un fallo de 29 carillas. Y respaldaron las condenas por el manejo irregular en las operatorias “Banco Hipotecario Nacional” y “Gastos de Inspección”.

De la primera, los jueces afirmaron que “hubo un desvío de fondos públicos fuera del procedimiento contable previsto por la normativa legal” ya que los cheques girados al IPAV “no eran ingresados a la cuenta recaudadora nº 10313/6, ni tampoco los pagos a los prestadores u otras operaciones a los que estaban destinados los fondos de estos cartulares se hacían por medio de los cheques oficiales librados por el instituto en alguna de las cuentas bancarias habilitadas al efecto, sino que en algunos casos eran entregados directamente a nombre de quien estaban librados, en otros se cobraron por ventanilla y los fondos entregados a la Contaduría, o bien fueron depositados en la cuenta corriente del Club Rucalén para luego ser extraídos por sus responsables, quienes según sus dichos utilizaron parte del dinero en beneficio del propio Club -previa autorización de Agüero o Araniz- y el resto lo entregaron en Contaduría a la contadora Rodríguez”.

En cuanto a “Gastos de Inspección”, sostuvieron que “la modalidad utilizada para distraer fondos fuera del procedimiento legalmente instituido, consistió en que el dinero proveniente de la retención del 2% que efectuaba el IPAV cuando formalizaba los pagos por certificación de obras, luego de efectivizados los gastos pertinentes (viáticos, comidas, combustible, etcétera), los excedentes no eran ingresados en la cuenta recaudadora nº 10313/6, sino que eran llevados a la Contaduría en efectivo para su utilización o depositados en la cuenta del Club Rucalén”.

“En ambos casos, el procedimiento administrativo legalmente instituido resultó evidentemente vulnerado con el accionar de los coimputados, toda vez que a través de las operatorias BHN y Gastos de Inspección, urdieron un mecanismo manifiestamente clandestino y por ende ilegal, consistente en la percepción de fondos correspondientes a las rentas propias del organismo, cuyo gobierno ejercían por ley (Agüero y Araniz), o bien como integrantes de las más altas jerarquías contables y de tesorería (Rodríguez y García), omitiendo dolosamente ingresarlo en forma diaria en la cuenta madre o recaudadora 10313/6, formalizando pagos a terceros (algunos vinculados a operatorias propias del IPAV) y en otros para solventar gastos que denotan una evidente corruptela administrativa, tales como comidas y obsequios para empleados del IPAV, la compra de un sommier para el vicepresidente Agüero, gastos de teléfonos de Agüero y Araniz, cursos de capacitación para profesionales vinculados al organismo, donaciones y compra de muebles y otros enseres para el Club Rucalén, entre otros, ascendiendo el total de dinero afectado por ambas operatorias a la suma de 960.456,21 pesos”, expresaron en el fallo.

Además, el TIP no dejó pasar por alto que tanto Araniz como Rodríguez y García son contadores públicos, mientras que Agüero es arquitecto, con una formación universitaria y un grado cultural lo suficientemente elevado para conocer e interpretar las normas legales propias del cargo que detentaban.

Para los jueces, incluso el conocimiento acabado de la materia fue el que les permitió urdir la maniobra, junto con “la experiencia adquirida en el ejercicio de la función y la connivencia entre los integrantes de la cúpula de poder del IPAV”.

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