Rechazan la recusación sin causa del juez Novillo

Un tribunal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no hizo lugar al pedido del Gobierno, que buscaba desplazar al vocal de la Sala II. El camarista seguirá actuando en la causa promovida por el Colegio de Abogados del Sur contra la Ley 8.136
Fracasó la táctica procesal del Gobierno que apuntaba a desplazar a Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, del conocimiento de la causa que el Colegio de Abogados del Sur promovió contra la polémica Ley 8.136. Esta posibilita que los poderes políticos designen directamente jueces interinos sin un mecanismo de selección previo que permita valorar la idoneidad de los postulantes a cubrir los cargos vacantes en la Justicia.

El jueves, el fiscal de Estado, Pedro Giudice, en representación de la Provincia (es la parte demandada), había recusado sin causa a Novillo no bien trascendió por los medios de comunicación que el día anterior Alejandro José Molinuevo, presidente de la entidad profesional con sede en Concepción, había deducido una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 8.136.

En la presentación, Molinuevo también había requerido el urgente dictado de una medida cautelar que suspenda el mecanismo previsto por la cuestionada norma. El letrado lo hizo por entender que esta desconoce la Constitución provincial y la sentencia pronunciada por la propia Corte Suprema de Justicia el 8 de setiembre, y por considerar que la ley, que también declaró en emergencia al Poder Judicial, no garantiza que haya jueces independientes de los poderes políticos.

Como consecuencia de la presentación de Giúdice, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo se formó un tribunal para que resolviera la recusación formulada contra Novillo. Lo integraron Salvador Ruiz (Sala I) y Ebe López Piossek (Sala III), que ayer decidieron no hacer lugar a la tacha que había promovido el Gobierno.

Los camaristas fueron contundentes. “Del artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán se desprende que la facultad de recusar sin causa a los jueces corresponde a las partes en el juicio de que se trate. Ocurre, sin embargo, que en la especie ni siquiera se encuentra ordenado el traslado de la demanda incoada por el Colegio de Abogados del Sur, por lo que la Provincia de Tucumán no reviste a la fecha el carácter de parte en esta causa, lo que obsta a la admisibilidad de la recusación intentada”, argumentaron.

Razones esgrimidas

Los camaristas también invocaron el estado liminar en que se encuentra la causa en la que el Colegio de Abogados del Sur ha solicitado una medida cautelar, de cuya existencia Giudice reconoció haberse enterado por la prensa. “La recusación deviene inadmisible en los términos del artículo 29, inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, pues ha sido deducida en uno de los procesos conservatorios regulados por el mencionado digesto”, destacaron.

El artículo que Ruiz y López Piossek citaron considera improcedente la recusación de los jueces en las diligencias preparatorias de los juicios y en los denominados procesos de conservación, que tienen por fin asegurar anticipadamente determinadas pruebas que, si se esperara hasta la etapa de producción correspondiente, podrían verse frustradas. Las medidas cautelares forman parte de ellos.

Otra decisión

El jueves, además de haber recusado (sin causa) a Novillo, el Gobierno también había requerido que se le corriera traslado o que se le pusiera a la vista la demanda de la acción de amparo que los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña interpusieron el martes, también con la finalidad de que sea declarada inconstitucional la Ley 8.136 y de que, previamente, se dicte una medida cautelar que frene su aplicación.

Como la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo está de turno en materia de amparos, Novillo (a cargo de esa sala desde el jueves) rechazó ayer el pedido del Gobierno. El vocal lo hizo porque este ya había tenido la oportunidad de expedirse sobre la misma cuestión a raíz de la medida cautelar (contra la Ley 8.136) que solicitaron -por separado- el Colegio de Abogados de la capital y el letrado Hugo Gómez (también accionó contra la norma). “Carece de proporción y de razón suficiente reduplicar en esta causa (la impulsada por Avila Carvajal y De la Peña) la vista previa (a la Provincia), habida cuenta de que, frente a la demora que esto traería aparejado, debe hacerse prevalecer aquí el primado de la celeridad procesal que anima el proceso de amparo y que proscribe la articulación de cuestiones previas o incidentes no preceptuados expresamente”, esgrimió Novillo.

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