Rechazan pedido de juicio político contra Jorge Martín

Se trata del pedido formulado por el empleado municipal José Valor sobre el presunto incumplimiento del llamado a concurso para cargos jerárquicos en el vivero y cementerio. La Comisión Investigadora consideró inadmisible la presentación.
RIO GRANDE.- La Comisión Investigadora de Juicio Político rechazó el pedido formulado en contra del intendente Jorge Martín, por parte de José Valor, por presunto mal desempeño del cargo en ejercicio, al carecer de fundamentos válidos y considerarlo inadmisible.

El dictamen conocido ayer lleva la firma de los concejales Gustavo Longhi, Juan Rodríguez y José Ojeda.

Valor, empleado municipal, había presentado al Concejo Deliberante un pedido de juicio político por mal desempeño del cargo en el ejercicio de sus funciones contra el Intendente, por el traslado y presunta persecución a agentes del vivero municipal y un presunto incumplimiento del llamado a concurso para cubrir cargos jerárquicos en ésa área y el cementerio.

En la resolución la comisión resalta el instrumento de juicio político establecido en la Carta Orgánica y agrega que «ésta comisión, y por consecuente el Concejo Deliberante, no posee las atribuciones para establecer si el recurso de queja en el particular suspende o no la ejecución de la sentencia, siendo la misma una cuestión netamente jurídica que compete a los órganos judiciales, resultando claro que en este caso en particular, el paso previo para intimar u ordenar el cumplimiento de la ordenanza Nº 2220, es que la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia quede firme, consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, en razón de que los efectos que pretende el denunciante, no fueron objeto de la litis ni dirimidos en las correspondientes actuaciones ante el juez natural, no correspondiendo aquí decir, ampliar, modificar o cambiar las cuestiones trabadas en la litis y sometidas a la decisión jurisdiccional, elucubrando en lo que hubiera pasado en uno u otro supuesto».

Además, en su extenso texto el dictamen sostiene que «... el Ejecutivo municipal, mediante el decreto nº 633/09, ha demostrado un principio de ejecución en lo que respecta al cumplimiento de la ordenanza Nº 2220/06, sólo restando la concreción de una fecha cierta a fin de que comience efectivamente la rueda de negociaciones colectivas en el marco de las paritarias oportunamente convocadas».

«Asimismo entender lo contrario importaría efectuar un análisis que derivaría en un gravamen irreparable al erario municipal, en caso que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia hubiere sido revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello como consecuencia de la imposibilidad de retrotraer, ex pos, los efectos que hubiere acarreado, haber efectuado el concurso de la dirección y coordinación de cementerio y vivero municipal, tales como los derechos adquiridos a favor de los postulantes que hubieren ganado los mismos, circunstancia que indefectiblemente produciría un perjuicio irreparable al erario municipal».

Respecto al segundo de los cargos que se pretendía utilizar para llevar a juicio político al mandatario comunal riograndense, señala que: «Ahora bien, en particular, no obstante la deficiencia del libelo de denuncia en relación a lo escueto, confuso de los hechos narrados como así también lo irrelevante de algunos aspectos mencionados, resulta que los hechos denunciados en referencia a los agentes:

1) Ruarte Simón y Bello Liliana, fueron encausados en la vía administrativa conforme lo marca la normativa vigente para luego pasar al estudio y análisis por parte de la justicia ordinaria, no encontrándose en la actualidad firme, conforme se desprende de la denuncia realizada, lo que significa que la sentencia arribada respecto de dichos reclamos judiciales carecen de autoridad de cosa juzgada.

2) José Valor, Misciocia Vicente Raúl y Jaime Osvaldo, en la actualidad sus reclamos particulares se encuentran con el correspondiente trámite administrativo, paso previo como requisito legal para dar inicio a la acción contencioso administrativa en sede judicial, ante lo cual surge a todas luces su reciente sustanciación en sede administrativa encontrándose facultado el Ejecutivo, conforme lo dispuesto en la Ley provincial Nº 141, a la revisión o no de dichas medidas adoptadas, ante lo cual corresponde la sustanciación de las mismas a fin de determinar si existe incumplimiento o no de dicha normativa, ello en razón de encontrarse pendiente la instancia».

«De lo expuesto se desprende que la dilucidación del supuesto incumplimiento de la ordenanza Nº 1828/03 se haya supeditada a la conclusión de las instancias administrativa y judicial según se trate a uno u otro de los hechos denunciados», sostiene.

«En conclusión y sin perjuicio de todo lo expuesto, es importante mencionar que serán los tribunales ordinarios ante los que se solicitara la tutela de los derechos perseguidos y quienes -si corresponde- reclamarán la responsabilidad civil o penal del funcionario que se pretende remover, incumbiendo a esta instancia juzgar exclusivamente la responsabilidad política y funcional, en la cual la pena no alcanza al individuo, sino que se limita al funcionario».

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