Pese a que está prohibida la distribución, entrega o fijación en vehículos o en la vía pública de folletos que contengan oferta sexual, los papelitos que publicitan esta actividad están a la orden del día. 

Basta con dejar el auto estacionado unas pocas horas en cualquier sitio del micro o macrocentro de Mar del Plata para juntar no menos de cinco volantes diferentes. En mayo de 2008, el Concejo Deliberante dictó una ordenanza por la cual se prohibió la circulación, entrega o fijación en vehículos o en la vía pública de folletos que contengan oferta sexual.

Aunque su aparición masiva disminuyó durante un tiempo, en los últimos meses volvió a evidenciar en las calles marplatenses una importante circulación de volantes con oferta sexual. Ante esta alarmante situación, el Concejo Deliberante decidió modificar  la norma que estaba vigente desde hace casi ocho años.

En ese sentido, se prohibió la impresión de folletos de oferta sexual en el Partido de General Pueyrredon. Por ende, el municipio está sancionando al propietario del local donde se impriman los volantes o folletos, al dueño del inmueble y al titular de la línea telefónica.

En el cuerpo legislativo, la Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad (Amadi) y Asociación local de Mujeres Meretrices de la Argentina, junto con otras entidades, presentaron una nota por la cual piden  la derogación de la actual ordenanza.

 

“El municipio se  convertirá en nuestro proxeneta” 

En declaraciones a 0223, la referente de la Asociación local de Mujeres Meretrices de la Argentina, María López, consideró que “la ordenanza es negativa para las trabajadoras de oferta sexual. Nos lleva a una mayor clandestinidad”. “Nos están sacando el trabajo, invisibilizando y precarizando”, destacó. Y explicó que “estamos pidiendo que se anule esta ordenanza.  En el volante, solamente ponemos dos nombres y un teléfono. Eso no es trata de personas”. 

“El municipio está sancionando con multas a  quienes nos alquilan inmuebles. Nos van a dejar de alquilar y todas terminaremos en las esquinas de las calles. No queremos eso”, aseveró y remarcó: “Los dueños de los inmuebles no pagarán las multas, lo tendremos que hacer nosotras. Vamos a tener que pagar con dinero de nuestro cuerpo a la municipalidad. El municipio se convertirá en nuestro proxeneta”. 

“Con esta ordenanza, no están combatiendo la trata. Están yendo contra nosotras que somos trabajadoras sexuales autónomas. No somos mujeres tratadas. Somos mujeres que compartimos una casa o un departamento. Las que tiramos volantes somos nosotras”, sentenció. 

 

"El derecho de trabajo nos lleva a la igualdad de oportunidades"

En el texto que se presentó en el HCD, al cual este diario digital tuvo acceso, además se señala que la ordenanza “vulnera al artículo 14 de la Constitución que dice que todos los ciudadanos tienen el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. 

“Si bien no se refiere a la impresión de volantes, la garantía de la libertad de expresión está implícita. Y, esto tiene que ver también con la libertad de pensamiento”, señalaron las entidades y remarcaron:

“Todos deberíamos poder expresarnos aunque esto signifique dejar explicita la decisión de optar por el trabajo sexual.La libertad de expresión es una libertad negativa y esto significa que el Estado debe garantizar que no haya obstáculo para el goce pleno de esta”.

Al mismo tiempo, se señalaron que “no se justifica que el propietario de una imprenta encuentre restringidos sus ingresos por un debate que forma parte de la moral sexual ya que la oferta de servicios sexuales no es ilegal en nuestro país”.

“Con respecto al dueño del lugar, cualquier propietario puede alquilar una casa o departamento como vivienda sin saber que se cobra por tener sexo in situ. Incluso por el hecho de que, si no aparece la figura del o la proxeneta, esta transacción forma parte de la vida privada de las personas. Es también importante recalcar  que siempre se dijo que cuando encontramos una mujer con un celular  en la mano, esta no es tratada”, destacaron.

Para finalizar, las entidades subrayaron que “consideremos que la libertad de expresión es la libertad que nos garantiza la democracia. Y, el derecho de trabajo nos lleva a la igualdad de oportunidades”.