Rechazan judicializar las protestas sociales

Alertaron que "los procesos judiciales se multiplican sin razón alguna". Ejemplificaron con el corte de ruta en Montecarlo
Los diputados provinciales Ricardo Biazzi, Mariano Díaz, Miguel López, Esteban Lozina, Miguel Molina y Gustavo Weirich manifestaron ayer su contundente rechazo a toda forma de criminalización de la protesta social y judicialización de expresiones disidentes al oficialismo de Misiones. “Se reproducen sin justificación”, consignaron los legisladores.

Los representantes manifestaron su repudio ante “la persistente situación de ciudadanos y dirigentes sometidos a procesos judiciales, como por ejemplo los tabacaleros en Leandro N. Alem, los tareferos en Montecarlo, los docentes de Puerto Iguazú, miembros de comunidades originarias y de barrios carenciados de la ciudad de Posadas, por haber participado en actos de reclamo público asentados en la desatención de demandas económicas, sociales y laborales negligentemente insatisfechas”.

Los representantes legislativos citados reiteraron, una vez más, “su contundente rechazo a toda forma de criminalización de la protesta social y judicialización de expresiones disidentes al oficialismo”.

En el escrito destacaron “la pretensión de colocar en el banquillo de los acusados a las víctimas de condiciones límite de exclusión social, que intentan reivindicar sus derechos legítimos ante la ausencia de respuestas institucionales adecuadas para atenderlas, lejos de crear canales indispensables para restablecer condiciones de dignidad y paz social para todos los misioneros, bloquea las alternativas para resolverlos y mantiene inalterable el cuadro de postración de inmensos sectores pauperizados de la provincia”.

Un ejemplo

El viernes pasado se realizó una reunión en la intendencia de la Municipalidad de Montecarlo para intentar destrabar el conflicto con los tareferos.

Ese problema desembocó en un prolongado corte de ruta, por el cual se ordenó la detención , que duró 18 horas, por parte de la Gendarmería Nacional del dirigente social Rubén Ortiz.

A pesar de ser liberado por la presión de los vecinos, Ortiz sigue vinculado a la causa que está abierta en el Juzgado Federal con asiento en Eldorado, y a cargo del magistrado Mario Hachiro Doi.

El juez indagó a Ortiz al considerar que éste incurrió en el delito de instigación y de entorpecimiento de transporte terrestre que incluyó el corte total del corredor vial Ruta Nacional 12.

Ortiz está acusado de violar los Artículos 209 y 194 del Código Penal. El primero referido al delito de instigación y el segundo al bloqueo de rutas, que contempla prisión de tres meses a dos años a quien sin crear una situación de peligro común, impidiere o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos.

Luego de esta detención, llegó el diálogo. Del encuentro pacificador del viernes en Montecarlo participaron delegados de los tareferos auto-convocados, la intendente local Elba Auzmendi, Miguel Onetto (Director General de Relaciones Públicas), Marcelo Canteros (funcionario del Ministerio de Desarrollo Social), Ramón Florentín (Ministerio de Trabajo de la provincia). También dijeron presente en la reunión el delegado departamental de la CTA, el citado Ortiz, junto a Carlos Di Marco, representante del Movimiento Social, además de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo comunal. Una de las cuestiones prometidas por las autoridades se refirió a iniciar desde la provincia en conjunto con cada área local la implementación de proyectos productivos en un terreno que el municipio posee en Itacuruzú e intentar arribar a otro tipo de alternativas, como los comodatos, relacionadas con emprendimientos productivos destinados al sector de los tareferos.

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