La Procuración General de la Nación rechazó un planteo para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el conflicto entre los gobiernos nacional y porteño por el traspaso del subte.

La procuradora fiscal Laura Monti rechazó un pedido del diputado Claudio Lozano y de la ex legisladora María América González, quienes se presentaron ante la Corte como usuarios del subte, y de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) para que establezca cuál de los gobiernos tienen la administración y el control del servicio.

Fuentes judiciales informaron a DyN que Monti recordó que la Constitución fija que el máximo tribunal tiene competencia originaria en temas que involucran a embajadores, ministros, cónsules extranjeros o en los que una provincia sea parte.

"Los actores demandan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia y al Estado Nacional que sólo es aforado por el fuero federal", entendió la procuradora por lo que "no se configuran los supuestos que habilitan la tramitación de la causa ante los estrados de la Corte.

Los gobiernos nacional y porteño firmaron el 3 de enero pasado un acta-acuerdo por el cual se traspasó de la órbita nacional a la Ciudad la gestión de las líneas de subterráneos.

Macri aumentó la tarifa de 1,10 pesos a 2,50 pero luego desconoció el acta y devolvió los subtes al señalar que no hubo acuerdo sobre los subsidios que le reclamaba al Gobierno nacional.

El reclamo rechazado se había hecho ante la Corte se hizo para que el máximo tribunal de certezas sobre cuál de las dos administraciones tiene a cargo los subtes.