A pesar de que el gobernador provisional, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ya afirmó públicamente que no piensa vetar la norma, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) ratificó su reclamo para que el mandatario interino vete de manera parcial la ley recientemente sancionada que regula la actividad profesional de los abogados y procuradores. Las objeciones apuntan al artículo 38, inciso b, por medio del cuál se destina un 10 por ciento de lo recaudado por tasas judiciales a solventar económicamente a los colegios de abogados.

“Esperemos que tengamos la mirada desde el punto de vista que esta es una plata del Estado, fruto de conquistas gremiales, y que no podemos estar sosteniendo o subsidiando cajas privadas o que pertenecen a trabajadores independientes con la plata del Estado”, aseguró Aranda.

La dirigente sindical advirtió que, de acuerdo a la norma sancionada, el funcionamiento de los colegios de abogados “se va a sostener con el 10 por ciento de la recaudación de la ley de tasas, que es una conquista que hemos logrado justamente los trabajadores y que son recursos que están afectados y destinados a la remodelación, reparación, ampliación, mantenimiento, locación de bienes, al funcionamiento del Poder Judicial”.

Con respecto a la ley de tasas, Aranda recordó que “esto está creado desde el año ‘95 y a partir de 2012 también se distribuye parte de esa recaudación con el personal”. Y puntualizó que “lo que planteamos es que estas son cajas de entidades o de trabajadores independientes que no pueden estar siendo sostenidas por el Estado y mucho menos por el Poder Judicial”.

“Por allí hay cosas que no nos sorprenden. Porque ya hay otra entidad que también es de los abogados, la Caja Forense, y desde 2004 una ley facultó a que se transfieran los depósitos judiciales ociosos, toda la recaudación que en diez años no se mueve, a la Caja Forense, que es una entidad privada. Ya tenemos un dictamen de la Fiscalía de Estado donde dice que esa plata es responsabilidad de la provincia, sin embargo están llevando una entidad privada como Caja Forense esa plata que tiene que estar auditada por el Tribunal de Cuentas”.

Más tareas para el trabajador y menos para los abogados

Por otro lado, Aranda subrayó que en los últimos años se simplificó la labor de los profesionales del derecho en detrimento de mayores actividades que debieron asumir de los trabajadores judiciales. “Décadas atrás, los profesionales tenían que ir sí o sí a los tribunales a tomar nota de todos sus expedientes que salían a despacho. Hoy a todo esto lo tienen servido en su propio domicilio a través de Internet, donde salen todas las listas de despachos de todos los tribunales”, graficó.

Además, contó que “se le recargó en los últimos tiempos al trabajador judicial también la confección de cédulas, libramiento de oficios, apertura de cuentas judiciales, carga de datos, impresión de formularios, notificación y confirmación a Caja Forense de la regulación de los honorarios a los profesionales, confección de órdenes de pago judiciales y otras actividades. Todo esto con insumos materiales del Poder Judicial y también con el recurso humano, que tiene que quedarse fuera de hora y venir a trabajar a la tarde en forma gratuita”.