Recesión y xenofobia, un cóctel explosivo

Recesión y xenofobia, un cóctel explosivo
Las protestas en Gran Bretaña contra el empleo de extranjeros podrían extenderse a otros países
LONDRES.- Los obreros británicos de la refinería Lindsey donde comenzaron hace diez días las primeras protestas contra la llegada de trabajadores italianos y portugueses volvieron a trabajar el jueves pasado, no sin antes proclamarse victoriosos al obtener la promesa de la creación de 102 empleos para sus compatriotas.

Su reacción, así como la del empresariado que bajo presión oficial concretó la oferta, dejó en evidencia que el problema de fondo está lejos de haberse solucionado. El lema "Empleos británicos para los británicos", que por razones proselitistas el primer ministro Gordon Brown había pregonado al llegar al poder, se ha convertido no sólo en un boomerang político, sino también en el canto de guerra de la mayoría de los trabajadores afectados por la crisis.

Y esto está lejos de ser un fenómeno exclusivamente británico: la mezcla de una latente xenofobia con una dura recesión pone en jaque el futuro mismo de la Unión Europea.

Las autoridades de la Comisión Europea están preocupadas hace tiempo por las crecientes quejas de trabajadores contra el arribo de colegas de otros países europeos: los franceses y alemanes suelen protestar contra sus compañeros polacos; los obreros españoles, por la contratación de rumanos, y los dinamarqueses, por el empleo de ciudadanos de Estonia, Lituania y Letonia.

La libertad de moverse y trabajar en cualquier país de la UE fue garantizada por el Tratado de Roma y confirmada por la Directiva del Consejo y el Parlamento Europeo del 29 de abril de 2004. Cada país, sin embargo, tiene el derecho de imponer ciertos requerimientos burocráticos y de hacer valer sus propias normas laborales.

En Bélgica, por ejemplo, todo trabajador que no sea nativo debe registrarse de inmediato -y, por lo tanto, contribuir - en el sistema de seguridad social, no importa si su contrato es permanente o temporal. En Holanda y en los países escandinavos los salarios son regulados para garantizar que todo trabajador gane lo mismo, no importa si es extranjero o si trabaja en forma temporal o no.

La ausencia de homogeneidad en las leyes laborales y en las economías de los 27 países que integran la UE explica por qué, por ejemplo, un trabajador británico de la construcción gana un salario promedio mensual de 3000 dólares; un colega francés, 2050; uno italiano, 1900, y uno portugués, 859 dólares. Esto alienta entre los empleadores lo que los sindicatos denuncian como la "migración en busca del salario más bajo".

Los gremialistas advierten que la situación en Gran Bretaña es particularmente grave porque, para alentar la inversión extranjera -y en parte también por el legado neoliberal del thatcherismo-, no se han establecido medidas para proteger a los trabajadores locales.

El caso de la refinería de Lindsey refleja tanto esa realidad como la complejidad de las relaciones industriales en un contexto empresarial que ya no reconoce fronteras. En este complejo, la firma petrolera francesa Total contrató a una compañía norteamericana, Jacobs, para construir una extensión del polo petroquímico.

Jacobs, a su vez, subcontrató a la firma siciliana Irem para llevar a cabo las tareas. Fueron los ejecutivos de Irem quienes decidieron llevar a uno de sus múltiples equipos móviles de obreros especializados, en este caso italianos y portugueses, para concretar la obra.

Si la llegada de estos europeos despertó la ira de los británicos, muchos temen que sean pronto los visitantes quienes encabecen las manifestaciones. "En Alemania, la mayoría de los trabajadores temporales son extranjeros y ganan mucho menos que aquellos que tienen un empleo fijo. Con la recesión, los primeros en las listas de despidos van a ser los trabajadores temporales. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos a miles de extranjeros europeos en las calles reclamándonos ayuda?", advirtió Witich Rochmann, jefe del principal sindicato alemán IG Metall en Colonia, una ciudad donde el 30 por ciento de la fuerza laboral no es alemana.

Por el momento, la mayoría de los gobiernos de la UE parecen reaccionar en dirección de lo que el semanario The Economist tituló en tapa: "El retorno del nacionalismo económico".

En Francia y en Gran Bretaña, todos los paquetes de rescate a entidades bancarias fueron supeditados a que estos bancos ofrezcan con prioridad préstamos a firmas de su propio país. Incluso la Comisión Europea autorizó tanto a estos dos países como a Alemania y Portugal a que otorgaran subsidios de hasta medio millón de euros a toda empresa nacional que se declare en dificultades económicas.

Pero muchos dudan de que el nacionalismo económico pueda ser compatible con el proyecto de integración europeo. El otorgamiento de subsidios a firmas de unos pocos países miembros de la UE constituye una "ventaja desleal" para el resto de las firmas europeas. Esto crea, además, un precedente de proteccionismo intraeuropeo que pone en tela de juicio el principio de libertad e igualdad.

Poco importa esto, sin embargo, al millón de franceses que marcharon el 29 de enero para reclamar la defensa de sus fuentes de trabajo o a los miles de granjeros griegos que la semana pasada desafiaron las bombas lacrimógenas de la policía para protestar por la importación de productos búlgaros y demandar más subsidios.

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