Hace 115 años que Brasil no pasaba por una recesión como la que vive estos días. Fue lo que dijo el ministro Henrique Meirelles, este miércoles, al hablar en un seminario organizado por el banco Bradesco en la capital carioca. “Es la peor desde 1901”, dijo. Precisamente ese año se comenzó a medir la evolución de la actividad económica. En 2015, el país terminó con una retracción de su producto bruto interno de 3,7% y, este año, todo indica que habrá un derrumbe de tamaño similar, entre 3,4 y 3,5 por ciento.

Meirelles justificó hacer público semejante dato al decir: “Para enfrentar un problema es muy importante que el problema sea reconocido y explicitado. Y a partir de ahí podemos enfrentarlo. Ese es el punto fundamental”. El ministro sostuvo, también, que la situación fiscal va a depender en gran medida de la recaudación tributaria. Esta registró una fuerte caída en 2015 y este año, enancada precisamente en el brutal achicamiento del PBI. “Podemos prever una cierta recuperación, pero si esta no fuera posible, entonces tendremos que aumentar ciertos tributos”, admitió.

Para tratar de dar algún optimismo a la audiencia, el funcionario –que fue titular del Banco Central en los dos gobiernos de Lula da Silva- sostuvo que con las medidas que ya se adoptaron desde el inicio de su gestión (de apenas dos meses y medio) “ya se pueden ver algunos resultados, como la mejora en el índice de confianza” empresarial. Hay sin duda un esfuerzo del gobierno de Michel Temer, que será interino hasta que se resuelva el juicio a la jefa de Estado Dilma Rousseff, por mostrar hechos positivos, como por ejemplo un crecimiento, aunque muy leve, de la industria de bienes de capital. Lo cierto es que al terminar el primer semestre, a partir de los datos de la desocupación –que llegó a 11,5% de la población económicamente activa—, nada indicaba que haya indicios de un freno a la caída de la economía.

Entre algunas medidas intentadas por Meirelles, con el visto bueno de Temer, constan los reajustes salariales para empleados públicos. “El gobierno no puede comenzar un proceso de ajuste con el incumplimiento de un acuerdo firmado con ese sector”, sostuvo. Tales convenio habían sido concluidos durante el primer año del segundo gobierno de Rousseff. Aun así quedaron desactualizados por cuenta de la inflación y, de acuerdo con Meirelles, por esa razón “no tendrán gran impacto en el nivel de los gastos”. A su juicio, no es preciso recortar el plantel de funcionarios estatales como condición para sanear el déficit fiscal. "El empleado público tiene estabilidad. Y eso fue una conquista del Estado brasileño que protegió la maquinaria pública y la alejo de las presiones políticas de distintos gobiernos”.

Según el ministro, hay otro indicador alarmante para la economía brasileña. Es la deuda pública “muy elevada para el nivel de desarrollo que tenemos”. El déficit fiscal, sostuvo, es un reflejo del aumento de los gastos y la caída de los ingresos. “Nuestro ingreso tributario era de 15% del PBI en 2011 y cayó a 11% en la actualidad. Y la deuda supera ya el 70% del PBI, cuando la media en países emergentes es de 45% del PBI”.

El funcionario promovió, y consiguió, reestructurar la deuda de los Estados provinciales con el gobierno central. Y como contrapartida obtuvo una ventaja dentro del Congreso para que le voten un proyecto que prevé limitar los gastos, con un aumento equivalente sólo a la inflación. Esa medida será adoptada también por los gobernadores estaduales. Lo cierto es que estas son soluciones políticas, antes que puramente económicas, y reflejan la necesidad de Temer de no apretar tanto en la sociedad. De lo que se trata es de no poner en juego su propia estabilidad futura como gobernante efectivo del país, que es lo que él aspira a conseguir a fin de este mes.

Será después de esa efectivización presidencial que Meirelles tendrá las manos más libres para usar las herramientas necesarias para el ajuste. Así, quiere contar con una enmienda constitucional (reforma parcial) que fije, en forma definitiva, un techo para los gastos del gobierno. Esa sería la primera medida “de importancia” reclamada por los poderes económicos.