Recaudan por peaje $40.000 diarios y aún así no pagan sueldos

Comenzaron ayer un paro por tiempo indeterminado en reclamo de los haberes de noviembre y aportes.
ATE amenazó con tomar el edificio el lunes si no pagan cheques devueltos por falta de fondos.

Tal como se preveía, ayer volvió a estallar un conflicto en Salvador Mazza entre los empleados y obreros de la Municipalidad y el intendente Carlos Villalba. El motivo fueron los sueldos impagos de noviembre.

A media mañana, todos los empleados y obreros de la comuna abandonaron sus tareas y puestos de trabajo y un grupo importante de ellos se dirigió a la cabina de cobro de peajes instalada en el acceso sur del pueblo, que fue copada y cerrada.

Esto provocó la inmediata reacción del jefe comunal, quien se dirigió al lugar y advirtió, a voz en cuello a los obreros que "esta actitud de no permitir que la comuna recaude, perjudicará no sólo a los contratados quincenales, sino también a los empleados de planta permanente y hasta los de la planta política".

Pero el encargado de la cabina, de apellido Moreno, representante gremial de ATE en Pocitos, le contestó de igual modo al intendente tildándolo de "inútil" y descalificando su gestión.

Luego de eso, visiblemente ofuscado, Villalba advirtió que "el Gobierno no me gira el dinero para pagar los sueldos. Así que vayan a reclamarle a la Provincia". Cerca del mediodía había una sentada en las puertas del edificio municipal y aunque el ambiente estaba tranquilo se oyeron muchas voces de empleados y obreros disconformes con el jefe comunal y todos sus funcionarios.

El reclamo generalizado puede sintetizarse en dos aspectos, remarcaron los manifestantes: "la ausencia casi permanente de Villalba en el pueblo y la falta de un responsable que lo suplante y gestione la comuna, además de los permanentes atrasos en los sueldos y las acusaciones a punteros y asesores de malgastar el dinero público".

Dura advertencia de ATE

El secretario General de ATE para el departamento San Martín, Fermín Hoyos, reconoció ayer que "la situación de la gente de Pocitos, tanto la agremiada a nosotros como los quincenales que trabajan en negro, es insostenible. Lo más grave es que también es insostenible la situación del intendente Villalba. Este mes esperamos hasta el 10 para que paguen los sueldos y la plata no apareció".

El dirigente gremial dijo sin tapujos que "le vamos a tomar el edificio el lunes si no nos paga los cheques devueltos por falta de fondos, que suman unos 40.000 pesos y que son los mismos valores que nos vienen cambiando desde julio pasado por aportes grewmiales. Hay uno de octubre y el otro es de esta semana. Además, el lunes le voy a efectuar una denuncia penal en la Fiscalía de Tartagal porque no vamos a seguir aceptando este manoseo".

Los vecinos especulan que "con 10 días de recaudación se podría cubrir la deuda salarial. Pero la asfixia financiera en la que está sumida la comuna hace que todo el mundo especule que el dinero del peaje es destinado directamente a solventar los gastos de punteros políticos afines de Villalba y asesores varios".

Cumplirá un año

El cobro compulsivo -peaje- comenzó a implementarse en enero y después de casi un año, se formalizaron denuncias por parte de damnificados.

Es que, increíblemente, el cobro compulsivo nunca se cortó y desde agosto se incrementó otra imposición, esta vez a los camiones que ingresan por la ruta 34, desde el sur.

Nadie entiende porqué razón el cobro compulsivo, ilegal e inconstitucional de peaje que desde enero de este año decidió implementar la municipalidad de Salvador Mazza se sigue realizando y a la vista de todo el mundo, con el argumento de que los fondos que se recaudan son volcados a la reparación de pavimentos. Tan irregular es la medida que los mismos funcionarios, cuando son consultados por el tema, justifican la misma diciendo que desde que se cobra esa "tasa" (no es tal porque el municipio no brinda ningún servicio como contraprestación) no hay conflictos con los trabajadores municipales y todos cobran sus sueldos en tiempo y forma.

En agosto de este año y como el cobro de peaje arrojaba un resultado mucho mejor al esperado, el municipio decidió sumar otra imposición; cobrarle a los camioneros para "fumigar las unidades contra el dengue", según justifican un grupo de trabajadores que con uniforme de la Dirección Municipal de Tránsito aguardan -durante las 24 horas del día- la llegada de los camiones que ingresan por la ruta 34 a la jurisdicción del municipio fronterizo. A pocos metros del control fijo que la Gendarmería Nacional tiene sobre el río Caraparí, obligan a los camiones a entregarles 20 pesos, previa "desinfección" de las ruedas de los camiones.

Tanto el peaje como el fumigado fueron decididos por el ejecutivo municipal mediante una ordenanza ad referéndum que se puso en vigencia en el mes de enero cuando el cuerpo deliberativo estaba en receso. Pero el concejo sesionó todo el año y el instrumento nunca fue tratado aunque se siguió aplicando.

Denuncia policial

Uno de los tantos damnificados por esta maniobra fue el ex concejal tartagalense Rubén Américo Castro quien el pasado mes de octubre llegó hasta Salvador Mazza con su familia quienes viajaban hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. "Cuando me quisieron cobrar les dije que no les pagaría porque era una medida ilegal, abusiva, inconstitucional y todos los calificativos que pudiera dársele. Me dijeron que entonces no pasaba así que me tuvieron 50 minutos y como solución me dijeron que pase caminando con los bolsos a cuestas y deje el auto.

Castro al regresar a Tartagal se tomó el trabajo de ir hasta la Comisaría 42 y formalizar una denuncia policial. Presenté el ticket de cobro y desde el día 9 de octubre en que hice la denuncia ninguna autoridad me llamó para que ratifique o rectifique mi denuncia".

El ex edil de Tartagal recordó que mediante una nota ingresada por mesa de entrada "previo pago de la contribución correspondiente, le solicité al intendente de Salvador Mazza que me informe qué instrumento utilizaban para el cobro de este peaje, sean ordenanzas o resoluciones y le solicité una audiencia. Todavía estoy esperando la respuesta", graficó.

Castro consideró que la situación "debe ser denunciada porque no se puede permitir este tipo de atropello".

"En este caso hay un doble delito"

Ricardo Raimundín, ex presidente de la Corte de Justicia de Salta

El peaje se cobra cuando se trata de una obra de concesión pública, una ruta por ejemplo, cuando la concesionaria amortiza de ese modo el costo de la obra. Tiene un costo de mantenimiento que deben afrontar, pero no es este caso, justamente.

Pero un funcionario público no puede aprobar acciones que obstruyan el paso a los ciudadanos porque se opone al Artículo 14 de la Constitución cuando habla de transitar libremente por la vía pública.

El pago del canon sobre una ruta nacional como es este caso de Salvador Mazza es inconstitucional y, además, el intendente está violando los deberes de funcionaio público.

Estamos ante un doble delito, entonces. Lo esencial aquí es la violacion de transitar libremente por la vía pública, a lo largo y a lo ancho del país, que es la libertad más primvitiva del hombre como es la lomoción.

Además, un intendente no tiene jurisdicción sobre una ruta nacional. Esa es competencia de la Justicia Federal.

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