Se reavivó el conflicto de los mapuches en Picún Leufú

Se escribió ayer un nuevo capítulo del conflicto que desde hace unos años mantienen los mapuches Curruhuinca, de Picún Leufú, con la petrolera Piedra del Águila. Los miembros de la comunidad resistieron una orden de la jueza civil Marisa Czajka, de Cutral Co, de liberar el ingreso de operarios de la empresa al yacimiento. Ante la presencia de niños y personas adultas la magistrada ordenó la retirada de efectivos de Unidad Especial de la Policía (Uespo), que habían escoltado a los trabajadores.

"Este hecho se enmarca en la estrategia del gobierno de no querer reconocer los derechos de las comunidades. Tiene como hecho significativo la orden judicial conocida estos días que habilita a la policía a intervenir directamente sin presencia judicial", dijo la dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Mapuches Verónica Huilipán, cuando con el respaldo de organizaciones gremiales manifestaron frente a la Casa de Gobierno ayer a la tarde.

Fuentes del gobierno dijeron que lo que piden los mapuches es dinero y camionetas, y lo consideraron como una extorsión.

Huilipán informó que "un grupo de la Uespo, con el fiscal de Cutral Co a la cabeza, ingresó al territorio mapuche pero los hermanos evitaran que avanzaran. Pero al mediodía volvieron, ´reventaron´ la tranquera y lograron que algunos empleados de la petrolera ingresan. Posteriormente hubo resistencia de los hermanos y el fiscal y la Uespo se retiraron hasta el pueblo".

Desde la dirección de Seguridad de la Policía de Cutral Co se corroboró la parte central de ese relato.

Se informó que efectivamente hubo dos intentos de ingresar al yacimiento, que se encuentra en una zona que los mapuches reclaman como suya, pero que no estuvo un fiscal sino un oficial de justicia.

La cuerpo policial de choque suspendió la acción hasta una nueva orden y anoche ya estaba en Cutral Co.

Los referentes mapuches intentaron ayer -alrededor de las 19- entrevistarse con alguna autoridad del gobierno, pero se les informó que no había ninguna y optaron por presentar un petitorio.

Quedaron de volver hoy a las 12 para hablar con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

El documento denuncia el hecho de represión relatado, exige el retiro de la fuerza, pide se convoque a una comisión que evalúe el impacto social y ambiental -de la explotación del yacimiento- y responsabilizan al gobierno de cualquier hecho de violencia posible.

En el lugar hay además una planta de Transportadora Gas del Sur, que trabaja sin inconvenientes.

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