Se reactivan los expedientes que complican a los Kirchner y a Macri

Investigan los negocios del matrimonio presidencial y al jefe de gobierno porteño por las escuchas
Durante la feria judicial de enero 2010, los tribunales desafiaron al habitual sopor veraniego. Los reveses que sufrió el Gobierno en los expedientes vinculados a la crisis del Banco Central hicieron que la mirada de kirchneristas y opositores se concentrara en los jueces.

Hoy volverán a funcionar normalmente los juzgados, y todo indica que el protagonismo político de los magistrados no va a disminuir: seguirán adelante las causas abiertas durante la feria y se reactivarán casos que investigan a funcionarios nacionales ?entre ellos, la propia presidenta Cristina Kirchner? y al gobierno porteño, comprometido con un caso de espionaje telefónico.

Al parecer, el jefe de gobierno Mauricio Macri y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, serán de los primeros altos funcionarios que visiten los tribunales como acusados. El juez Norberto Oyarbide adelantó que planea indagarlos en el expediente que investiga escuchas ilegales. En esa causa, decidirá en las próximas semanas si procesa al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, que ya declaró.

Mientras tanto, el matrimonio presidencial, que terminó 2009 con el alivio de ver cerrado su caso por enriquecimiento ilícito, sigue imputado en dos expedientes delicados: el que busca determinar si formaron una asociación ilícita que benefició con negocios a empresas "amigas" y el destinado a averiguar si incurrieron en negociaciones incompatibles con la función pública con la creación de su consultora, El Chapel.

Durante el verano, Néstor Kirchner denunció que había nacido un "partido judicial", que, según él, integran los jueces que fallaron en contra de las pretensiones del Gobierno de disponer por decreto de las reservas del Banco Central y de echar a Martín Redrado sin intervención del Congreso. Hasta ahora, en esos casos se resolvieron medidas cautelares (que el Gobierno analiza si apela ante la Corte), pero falta decidir las cuestiones de fondo y la tarea la tienen jueces que ya fallaron contra el Gobierno.

Esas sentencias de magistrados en lo contencioso administrativo repercutieron en la justicia penal, en la que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Redrado cruzaron denuncias. El último mes, se abrieron diez causas que se reparten en seis juzgados. Se investiga desde la legalidad del decreto que crea el Fondo del Bicentenario hasta el intento de Redrado de entrar al Banco Central un domingo por la noche. Muchas se unificarán; otras serán desestimadas.

Pero hoy se reactivarán, además, expedientes más viejos contra funcionarios nacionales de primera línea. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está acusado de haber pagado sobreprecios en la compra de locomotoras japonesas usadas; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de haber desobedecido una orden judicial durante el conflicto en el gremio de los aeronavegantes, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de haber cometido un abuso de autoridad contra los accionistas privados de Papel Prensa. Además, sigue investigado por irregularidades en el Indec.

Varios ex funcionarios kirchneristas también tienen asuntos pendientes en los tribunales. Quien más causas acumula es el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Además de los casos por supuestos delitos vinculados a su gestión, lo investigan por enriquecimiento ilícito, lo mismo que al secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el segundo de De Vido. Moreno y De Vido fueron sobreseídos en 2009 por este mismo delito.

La más comprometida es la ex ministra de Economía Felisa Miceli, que irá a juicio oral por el hallazgo de una bolsa con dólares en su despacho.

La situación del ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Cappacioli tampoco es fácil: pidieron su indagatoria en el caso por la venta de remedios adulterados a obras sociales. En este expediente, deben definir si excarcelan al líder de la Asociación Bancaria, José Zanola, y empleados y empresarios presos desde diciembre. Los investigadores advierten que es una causa que puede comprometer a muchos otros gremios.

El último funcionario que dejó el Gobierno, el ex secretario de Medios Enrique Albistur, también deberá dedicar buena parte de su tiempo a defenderse: tiene abiertas dos causas por el presunto reparto irregular de publicidad oficial y una por supuesto enriquecimiento ilícito.

Todas estas investigaciones se tramitan en la justicia federal porteña, un fuero en pleno recambio. Por eso, en muchos de estos casos no se sabe aún quién será el juez. De los doce juzgados, cuatro están vacantes y el concurso del Consejo de la Magistratura para cubrirlos es sospechoso de fraude y frenado por una orden judicial.

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