En una conferencia de prensa brinda por el abogado Guillermo Galván, acompañado de la presidenta de la Comisión Directiva de la Cofradía de La Merced, Lilia Estela Olivero; el vicepresidente, Franco Flores de la Fuente; la Secretaría de Salud Laboral de AMP, Fernanda Grande y representantes de comerciantes y vecinos, manifestó gran preocupación por el convenio de partes firmado entre la iglesia La Merced, representada por su superior, fray Luis Lencinas; la Empresa “Las Marías” y el Municipio de Capital, para continuar con la obras para la ampliación e instalación de una estación de expendió de Gas Natural Comprimido (GNC), en Adolfo E. Dávila y Rivadavia.

Galván explicó que el amparo presentado por la comunidad religiosa fue “aceptado formalmente y se ha dictado una medida de no innovar, eso significa que la empresa debía abstenerse de construir la estación de GNC, y creemos que para la firma del convenio han abusado de la buena fe del padre Luis Lencinas y jurídicamente han hecho un mamarracho que puede traer serias consecuencias para la orden religiosa”.

El abogado indicó que en el convenio, “hacen aparecer al religioso como que él es quien convoca para firmar este convenio, cuando el padre es demandante; en segundo lugar hacen aparecer a la Empresa Las Marías como parte en el proceso, cuando todavía no se le notificó del amparo, y algo más grave, es que la empresa demandada invita al municipio a firmar el convenio, cuando el municipio tampoco es parte porque es el órgano contralor de las ordenanzas vigentes para el establecimiento de una estación de servicio”.

Galván agregó que en el escrito “lo hacen decir al religioso que todo lo que actuó el municipio está de acuerdo a derecho, cuando ni el padre ni yo jamás hemos conocido los expedientes del municipio”.

CONTRADICCIÓN DE INTERÉS

Asimismo, denunció que en la cláusula segunda “se excluye a la vía judicial para cualquier conflicto que pueda suscitarse entre la empresa, mientras construya, y que todos los conflictos que se puedan presentar en la obra, solamente se van a dirimir con peritos técnicos (…) y a la Justicia la excluyen expresamente, así que si se cae una pared, se accidenta un obrero o explota la estación de servicio, que ni Dios lo permita, se excluye a la Justicia”.

El abogado manifestó que otro aspecto grave que figura en el escrito es “que presentan a la doctora Ana López, abogada del municipio como abogada patrocinante del padre Lencinas en el convenio y al estudio Galván nunca nos llamaron, y la doctora López es abogada del municipio, que en este convenio también es parte, lo que es una contradicción de intereses; con otra gravedad procesal porque mantienen el domicilio legal el nuestro estudio jurídico, eso también es un fraude que vamos a denunciar ante el Consejo Profesional de Abogados”, indicó.

 DENUNCIA PENAL

El abogado de la Cofradía La Merced, precisó que están analizando la presentación de una denuncia penal “para todos los abogados y funcionarios municipales que intervinieron en el convenio porque estamos ante un dolo, un fraude procesal y además estamos ante un incumplimiento ético de la precesión”. También expuso que se pedirá por escrito al obispo, Marcelo Colombo, “que se pronuncie sobre la conducta del sacerdote que no a consultado, ni a sus abogados, ni a la comunidad religiosa” que se opone a la instalación de la estación de GNC.

Los presentantes de la Cofradía de La Merced, remarcaron que no convalidan el sorpresivo y “unilateral” acuerdo refrendando el viernes último, “no tenemos intereses espúreos ni económicos en esta presentación, nuestra única intensión el preservar el centenario edificio de nuestra iglesia y toda su historia, la vida de los fieles y de los vecinos”.

Asimismo, la secretaria de Salud Laboral de AMP, manifestó que los docentes que trabajan en las escuelas de la zona acudieron al gremio buscando representación “porque consideran que sus vidas y a la de los alumnos corren peligro de permitirse la instalación de la estación de GNC, sumado a que nuestra sede gremial se encuentra a pocos metros y estamos construyendo un hotel para nuestros compañeros que vienen del resto de los departamento”.

Grande precisó que los abogados del gremio analizarán los documentos para determinar los pasos a seguir en el resguardo de la comunidad educativa de la zona.