Reabren la investigación por la usurpación de Minas Capillitas

La Justicia Federal investiga la explotación no autorizada de rodocrosita por las empresas Víctor Contreras SA y Minera Andina SA.

La Sala 2 de la Cámara Federal porteña reabrió una investigación por la usurpación del predio de Minas Capillitas por parte de las empresas Víctor Contreras SA y Minera Andina SA, que realizaron la explotación del yacimiento desde 1991 hasta 2007, período durante el cual presuntamente extrajeron rodocrosita sin ningún tipo de control. La pesquisa pone bajo la lupa el rol que cumplió la empresa mixta Somica Dem mientras estuvo vinculada a Minera Andina, y la del propio Estado catamarqueño, que durante 16 años no intervino.

La información tomó trascendencia en los medios nacionales porque involucra a la diputada nacional por el PRO Silvia Majdalani, que está siendo investigada por el presunto robo y usurpación del predio, que pertenece a la Dirección General de Fabricaciones Militares. Majdalani aparece imputada por su participación en la empresa Minera Andina SA, que en diciembre de 1991 firmó un convenio con Fabricaciones Militares por la exploración y eventual explotación minera del complejo Minas Capillitas.

En la causa se investiga la conducta de los responsables de Víctor M. Contreras SA y de su controlada Minera Andina SA, que contaba en su órgano ejecutivo a Majdalani. La resolución de la Cámara Federal recuerda que ante los incumplimientos de la empresa, Fabricaciones Militares vedó la autorización para que Minera Andina comenzase con la explotación. Además, el 3 de diciembre de 1998 dispuso unilateralmente la disolución del contrato, decisión que fue confirmada por el ministro de Economía de la Nación el 3 de diciembre de 2002.

Sin embargo, las firmas habrían continuado ocupando el predio minero hasta febrero de 2007 y además lo habrían explotado desde la suscripción del contrato, es decir desde el 10 de diciembre de 1991. La explotación sólo podía haberse llevado a cabo previa autorización de Fabricaciones Militares. El 18 de abril de 2006 el predio fue desalojado por disposición de un tribunal civil y comercial.

Majdalani y otros imputados en la causa habían sido sobreseídos en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, pero el 10 de septiembre de 2009 la sala segunda de la Cámara Federal revocó la medida. El 22 de diciembre pasado avaló la declaración de incompetencia del juez Oyarbide, de modo tal que la investigación estará ahora a cargo de la Justicia Federal local.

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