Reabren el caso Río Turbio.

Fue una privatización menemista con apoyo del entonces gobernador Néstor Kirchner.
La Cámara Federal ordenó reabrir la causa que investigaba el vaciamiento de los yacimientos petrolíferos Río Turbio a manos de su último concesionario, Segio Taselli. En febrero de 2008, el juez Sergio Torres había dictado el sobreseimiento del empresario y del secretario de Energía –a cargo de controlar el cumplimiento del contrato–, Daniel Cameron. Los jueces de la Sala I firmaron un fallo el miércoles en cual anulan esta decisión y proponen el llamado a indagatoria del funcionario.

En 1993, el gobierno de Carlos Menem les otorgó a los hermanos Sergio y Alberto Taselli la concesión de esta mina santacruceña con 580 millones de toneladas de carbón en su interior. Era un contrato que aseguraba la venta de producción por una década y un subsidio de 16 millones de dólares por año. La decisión tenía el apoyo indiscutido del entonces gobernador, Néstor Kirchner.

Cuando los empresarios ingresaron a la mina, había cinco mil trabajadores. Cuando se fueron, nueve años después, quedaban sólo mil y una empresa arrasada. La desidia se convirtió en tragedia: en 2004 hubo catorce muertos por un accidente adentro de las cuevas de la mina con los obreros trabajando.

Ese accidente se investigó en la justicia provincial, pero el vaciamiento de la empresa llegó como denuncia penal a Comodoro Py en 2003. Según el escrito de la Cámara Federal, "la acusación se refiere a la existencia de posibles irregularidades durante el transcurso de la concesión".

A pesar de que un informe oficial había acreditado el incumplimiento de contrato, en febrero de 2008 el juez Torres decidió dictar un sobreseimiento. Se basó en un informe pericial que declaraba la imposibilidad de verificar la existencia de los bienes recibidos por la concesionaria y de los subsidios entregados por el Estado porque, sencillamente, había desaparecido esa documentación.

El fiscal Federico Delgado apeló esa resolución argumentando que precisamente esa ausencia de papeles sumaba sospechas al caso. La Cámara le dio la razón: "Lejos de justificar el cierre definitivo de las actuaciones, constituye un motivo determinante para la prosecución (...) debido a que existe la posibilidad de que ese desorden administrativo haya obedecido en algún punto al incumplimiento deliberado".

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