Las razones de Aníbal F.

El ministro de Justicia aseguró que las causas deben ser investigadas por el primer fiscal que toma el caso. “Al que le toca le toca”, dijo, y negó que se afecte la“independencia”.
Seis días después de la decisión de limitar las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el ministro de Justicia abrió la boca. Aníbal Fernández afirmó que la resolución del procurador general de la Nación, Esteban Righi, era una medida “acertada, necesaria y hasta indispensable”. Y agregó: “El fiscal administrativo no puede sustituir los criterios con los cuales los fiscales naturales persiguen la acción penal”, recitó.

La determinación que tomó el jefe de los fiscales le quitó a Manuel Garrido, el fiscal de causas contra el INDEC, Felisa Miceli y Ricardo Jaime, margen de maniobra para investigar corrupción en la administración K.

En declaraciones a Radio Mitre, Fernández afirmó ayer que la medida “no afecta para nada la independencia de la fiscalía” y vaticinó que Garrido “podrá seguir investigando”, pese a que el titular de la FIA denunció que Righi “vació de contenido” a su fiscalía.

La decisión de restringir la capacidad de Garrido en las causas que no fueron iniciadas por su equipo provocó el rechazo de la oposición y de ONG que denunciaron que el Gobierno quiere cerrar todos los expedientes en los que aparecen involucrados sus funcionarios y amigos. Sin embargo, ninguna asociación de magistrados se sumó a las críticas.

Ayer, el respaldo público de Aníbal a Righi causó gracia en algunas oficinas de la Casa Rosada. Desde que Alberto Fernández se fue del Gobierno, Righi ocupó su lugar en el esquema de relaciones del kirchnerismo. Cerca de Néstor Kirchner dicen haber advertido ahora que la armonía con la corporación judicial no la garantizaba el ex jefe de Gabinete sino el procurador general. Righi tiene una doble función: es además el hombre que le aporta letra institucional al ministerio: “Aníbal lo defiende con los argumentos que escribió el Bebe”.

Desde la oposición, ya hay quienes señalan que la resolución de Righi no sólo favorece al Gobierno y a la corporación judicial sino además a su propio estudio jurídico, que defiende a la mitad del Gabinete del matrimonio Kirchner. Desde que asumió en la Procuración, Righi dejó el estudio a cargo de su mujer, su hijo y de su socio Fabián Musso, una de las “viudas” que dejó Alberto F. tras su alejamiento del Gobierno.

Righi hubiera preferido no tener que pronunciarse sobre las facultades de Garrido. Pero se vio obligado a resolver: el fiscal de Investigaciones Administrativas venía haciendo presentaciones desde hace más de un año para que el procurador interpretara la ley y definiera quién tenía competencia para actuar en las causas de corrupción.

Puertas adentro, sugieren que los Kirchner no necesitaban limitar a Garrido para garantizarse la tranquilidad en los tribunales. Las denuncias del fiscal suelen tener un impacto mediático importante pero efímero y no llegan a prosperar casi nunca –en cinco años, ninguna terminó en condena– porque la mayor parte de la estructura judicial preserva el statu quo: tal como hace la corporación política, la empresarial o la sindical, aguarda su momento para dar el salto, pero nunca lo hace antes de tiempo.

Garrido ya se había topado con impedimentos cuando quiso investigar al kirchnerismo desde la Oficina Anticorrupción y, al frente de la FIA, había logrado malhumorar al matrimonio gobernante cuando sus denuncias llegaban a la tapa de los diarios. La OA no necesita presiones. Su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, por un problema en la columna , no asiste a trabajar desde principios de año. Habitualmente, le llevan los legajos a su casa para que los firme. No hace falta más que eso.

Un pedido de independencia

Un abogado penalista presentó un proyecto de ley para que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se convierta en un organismo independiente. El abogado Guillermo Cascino dejó su iniciativa en la Cámara alta con una nota al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Se trata del mismo letrado que había denunciado a los diputados que aprobaron la vigencia de la resolución 125, que luego quedó sin efecto. El abogado reclama que la Fiscalía, a cargo de Manuel Garrido, deje de depender de la Procuración General de la Nación, como sucede con el organigrama actual.

OPINIÓN

El papel de los Estados Unidos

Ricardo Monner Sans (Denunciante en la causa por la venta ilegal de armas)

Es necesario avanzar en una reflexión sobre el papel de los Estados Unidos en el tema de la venta ilegal de armamento.

ARMAS ARGENTINAS A ECUADOR. Se enviaron violando el Protocolo de Río de Janeiro y salieron por vuelos de Fine Air, una empresa de bandera estadounidense de Jack Fine, aquel que apareció implicado en el tema “Irán-contras”.

El avión era de pasajeros y, por normas argentinas, no podía cargarse en él material bélico. En la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza –¿cómo entró?–, el capitán retirado Horacio Estrada, hombre de Emilio Massera, vigiló el cargamento de las armas que iban destinadas a ese país. Se trata del mismo militar que más tarde se iba a “suicidar” con un balazo en la sien de manera invertida: mano derecha sobre costado izquierdo. Pocos días después, hubiera debido declarar en la causa que inicié.

De bandera estadounidense el avión, Estados Unidos era, además –junto con la Argentina, Brasil y Chile–, garante de la paz entre Perú y Ecuador. El poder argentino supo un día antes de los embarques, por vía del coronel Aguilar (agregado militar argentino en Perú), que los peruanos conocían que se iban a producir embarques hacia el país rival. Nada se frenó.

Fine Air tenía domicilio en Miami y conseguí el teléfono. Me quise arriesgar para intentar tener un dato y dejé un mensaje en un contestador automático. Una hora después, me respondían desde Buenos Aires para ponerse “a disposición para cualquier cosa que necesitara de la empresa”. Era aquel sujeto que se llamó Guillermo Patricio Kelly. Quedé tentado por un lugar común: “Dios los cría y ellos se juntan”.

ARMAS ARGENTINAS A CROACIA. La mayor parte salió del Ejército argentino, pasó por la Fábrica Militar de Río Tercero, fue maquillada y –por zona liberada– se cargaron en el Puerto de Buenos Aires: curiosamente, siempre por la Terminal 6. La resolución 713 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 25 de septiembre de 1991 dispuso (cláusula 8ª) un embargo general y completo de todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a la ex Yugoslavia. La Argentina Oficial violaba también la norma. En la zona de los Balcanes custodiaba la flota norteamericana. Los barcos croatas cargados con armas argentinas no hubieran podido pasar sin la pasividad –digámoslo así– del poder estadounidense. Todos coincidimos en que, por cuestiones de equilibrio de armamentos, Estados Unidos tenía interés en mejorar la capacidad militar croata. No me cabe la menor duda de que, independientemente de los corruptos de por aquí, Estados Unidos “tercerizó” la llegada de armas a Croacia. Sí: “Dios los cría y ellos se juntan”.

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