Acto seguido, el letrado refirió que “he hablado con el gobierno de la provincia y existe esta voluntad y de hecho la misma gobernadora denunció a quien era jefe de la policía bonaerense en Mar del Plata: Di Pascua. Lo cual es un hecho político de enorme significado. Pero aquí lamentablemente se  necesitaba de una firme decisión política para terminar con las cajas de recaudación y corrupción, lo cual implicaba dar una pelea de cara a las mafias. Con mi equipo  íbamos a intervenir en la zona roja, a allanar todos los kioscos de venta de droga. Indudablemente no hubo una firme decisión política y no se pudo hacer”.

Asimismo, el abogado refirió además que “en una semana pudimos poner en claro un montón de cuestiones muy importantes que justificaban cambiar al jefe de la Policía bonaerense Di Pascua como al jefe de la Policía Local Telpuk hasta tanto se esclarecieran estas cuestiones que estábamos planteando”.

Razona fustigó además la auditoria interna ordenada por el intendente Carlos Arroyo, tras su fugaz paso por la Secretaría de Seguridad, porque “se realizó estando en  sus cargos los funcionarios cuestionados y la acompañaron a la IPP, quedando fuera de la misma muchas cosas que independientemente de  omitirlas están en plena investigación por parte de la Justicia”.

En tal sentido agregó que “es una auditoría interna hecha en base a poca documentación obrante en la municipalidad, donde muchas de las cuestiones sospechadas que yo denuncié no han sido auditadas”.

“Hay cuestiones para resolver y que se omiten en la auditoría como el alquiler del predio donde funciona el Centro de Monitoreo, la utilización de las combis por parte del personal de la Policía Local sin estar eso registrado ni aceptado, el contrato con PROSEGUR para observar los monitores del COM por ocho meses que se iban a dar por 54 millones de pesos, la calidad de las cámaras del COM y el precio que se pagó por el alquiler de las mismas, la diferenciación entre número de cámaras y el número de lugares de observación”, precisó Razona.

Con respecto al último ítem, indicó que “eso es muy importante porque se habla que hay 700 cámaras pero sitios de observación son mucho menos porque en muchos lugares hay tres cámaras o más. Sí están juntas el costo del mantenimiento y la limpieza se reduce en una tercera parte, no se cobra por una. El costo de mantenimiento es llevar un camión, subir el operario y si están juntas el costo tiene que ser reducido porque se limpian tres juntas con un solo trasladado por ejemplo. Todas estas cuestiones puntualmente se tendrían que haber resuelto en la auditoría”.

El ex Secretario de Seguridad también hizo hincapié en que “la auditoría realizada no es la que nosotros pedimos, no cuenta con los elementos suficientes y aparte se hizo una contable pero nosotros pedimos una auditoría que la hagan las Facultades de Ingeniería, de Ciencias Económicas y de Derecho, porque era muy importante que se expida la Facultad de Ingeniería en cuanto a la calidad de los elementos adquiridos por la Secretaría de Seguridad”.

“La Secretaria de Seguridad cuando yo asumí estaba absolutamente sobredimensionada, había 130 empleados sin una tarea específica asignada para cada uno y se habían alquilado varios edificios que no eran necesarios, se alquilaban combis para el traslado del personal policial que era algo inteligible y había un montón de gastos superfluos que eran absolutamente innecesarios y  nosotros los planteamos para que se investiguen. Inclusive hablé con Vilma Baragiola para pedirle que tome gran parte del personal porque para la Secretaría de Seguridad no eran necesarios, pero después al irme no sé qué pasó pero estaba sobredimensionada”, aclaró y  añadió que “Ventimiglia tenía un automóvil de la Secretaría que no lo había devuelto, ese fue el único contacto que tuve con él. Hubo tres secretarios de Seguridad: Alveolite, Iriart y Telpuk y ahí hay que ver estas cuestiones cuándo ocurrieron y quién es el responsable en las mismas”.

Razona concluyó sentenciando que “por suerte la Fiscalía 10 está investigando más allá de los elementos insuficientes que aportó el municipio y tendrá que resolver el Fiscal que tiene toda la documentación cuál es la actitud a tomar. Además hay una decisión política provincial de terminar con las mafias”.