Raúl Pérez y la estrategia del apriete.

Lo que sufrió la jueza Servini de Cubría no es una excepción ni un hecho aislado. Existen casos de personas que han denunciado negociados en relación al juego y que, como represalia, han sufrido ataques, intimidaciones y persecuciones políticas y judiciales de todo tipo.
Un claro ejemplo es el ingeniero Marcelo Balcedo, director de Red 92, la radio más escuchada de La Plata. Balcedo denunció públicamente al gobierno de Felipe Solá (a través de una investigación periodística realizada en el año 2006) por haber recibido coimas para la renovación automática de las licencias de las salas de bingo en la Provincia, medida que favorecía especialmente a la empresa Codere. Como consecuencia de la denuncia, el director de Red 92 actualmente está sufriendo una inédita persecución política y judicial. Eso no es todo: está en riesgo su vida, y ni siquiera existe la más mínima garantía para que pueda presentarse a declarar.

Detrás de esta movida se encuentra, entre otros, el diputado provincial Raúl Pérez, vicepresidente del Consejo de la Magistratura (desde allí ubica a jueces y fiscales a dedo) que está procesado por la Justicia platense en una causa por enriquecimiento ilícito. No pudo comprobar el origen de su patrimonio y distintas pericias demostraron que su nivel de vida no se corresponde con sus ingresos legales.

Pérez, que actualmente es el jefe del bloque en Diputados y busca renovar su banca en la lista kirchnerista, fue uno de los principales operadores en la legislatura para que se aprobara la controvertida renovación automática de licencias. También es sindicado por varios de sus pares por haber accionado para favorecer a las bingueras cuando el año pasado impulsó, con énfasis, la reforma de un proyecto antitabaco que prohibía fumar en locales cerrados.

Junto a Pérez está actuando el ex senador Juan Amondarian, actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que también tendría intereses creados en relación a la polémica renovación de las licencias que se instrumentó mediante un decreto que jamás pudo ser ratificado por la Legislatura a raíz del escándalo político que se generó por la investigación periodística que oportunamente realizó Red 92.

Ante esta situación, el ingeniero Balcedo puso de manifiesto, en una sus presentaciones judiciales, que existen "graves deficiencias que fulminan de nulidad esta causa en la que no hay delito, que no es otra cosa -en definitiva- que un acto de persecución penal contra el constitucional ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, inspirado desde el poder político por las críticas hechas con motivo de la renovación de licencias de juegos de azar en la Provincia de Buenos Aires".

"Me quieren tener agarrada"

Tras la denuncia de un anónimo por el supuesto Forum Shopping en el Juzgado de Servini de Cubría, el abogado Ricardo Monner Sanz presentó el año pasado un escrito en Tribunales al respecto, y la Cámara Nacional de Apelaciones pidió la intervención del fiscal, lo cual derivo en un juicio político a Servini de Cubría. "La comisión de juicio político, por unanimidad, desestimó in límine la denuncia porque dice que no tiene sentido, pero cuando llega al plenario de 35 consejeros, el 5 de marzo, un consejero pide ver el expediente y queda ahí", relató Servini de Cubría, que razonó: "Es para tenerme agarrada".

En diálogo con Hoy, Monner Sanz afirmó que "mi planteamiento fue institucional y no personal". Y agregó: "Yo realicé, en los últimos años, numerosas denuncias en relación al juego. Yo me presenté ante la Cámara de Apelaciones en el último tramo de 2008 porque había tenido la versión de que llegaban al despacho de Servini de Cubría expedientes vinculados con el juego que no habían sido sorteados por mesa de entrada.

Yo después de la presentación ante la Cámara me desentendí del asunto. La Cámara cerró su tarea y pasó el expediente al Consejo de la Magistratura, y ahora tengo entendido que le estaría pidiendo explicaciones a Servini".

Avanza la denuncia contra Néstor Kirchner

La denuncia por asociación ilícita, que fue presentada por Elisa Carrió e involucra a Néstor Kirchner y a Cristóbal López, estaría avanzando en los tribunales porteños. Así lo pudo saber Hoy ya que distintas fuentes consultadas confirmaron que el juez ha librado diferentes oficios que muestran que la causa se está moviendo.

A fines del año pasado, Carrió apuntó contra el ex presidente Néstor Kirchner y aseguró que el secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, era "el intermediario entre (el empresario) Cristóbal López y los gobernadores e intendentes que autorizan la extensión de las licencias para el funcionamiento de salas".

Además, Carrió aseveró que cuando era jefe comunal, en 2005, el cordobés Luis Juez "fue inducido" por Zannini para facilitar el ingreso de juegos de azar en la ciudad.

"Luis Juez me relató cómo Carlos Zannini le ofreció el financiamiento de sus campañas mediante el testaferro directo de Kirchner, Cristóbal López, a cambio de dejar entrar sus empresas en la ciudad de Córdoba", afirmó Lilita.

"Zannini le dijo a Juez: ‘vos tenés que hablar con Cristóbal López que es quien le financió todas las campañas a Kirchner desde que era intendente. Quieren ingresar a Córdoba’, y López le prometió que ellos le iban a financiar, a través de cuentas en el exterior, las diez próximas campañas", relató Carrió.

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