Sin ratificó que es irregular la situación de un órgano de la DGE

Se trata del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública, que es el encargado de autorizar los gastos y cuyos miembros tienen el mandato vencido. Contradice la versión del Gobierno.
La Dirección General de Escuelas no lo difundió, pero un informe de Fiscalía de Estado indica que el Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública se encuentra en estado irregular por la falta de renovación de sus miembros. El escrito indica además que los integrantes de ese cuerpo deben ser ratificados por el Senado y por ende son pasibles de ser sometidos a jury en caso de que alguien encuentre motivos.

El informe fue elaborado a pedido del diputado Leopoldo Cairone con la intención de aclarar si había alguna irregularidad con respecto a la caducidad de los mandatos de los integrantes de ese cuerpo. La respuesta tardó en llegar y curiosamente ingresó a la Legislatura luego de que Los Andes publicara una nota sobre la situación y, sobre todo, tras el envío de los pliegos de los nuevos postulantes a ese órgano.

El Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública es el encargado de auditar y autorizar los gastos de la DGE. La tarea no es menor si se tiene en cuenta que el presupuesto de esa repartición supera los 1.100 millones de pesos. Está integrado por al menos 4 personas que son propuestas por el Ejecutivo y deben ser avaladas por el Senado.

El mandato de todos los integrantes venció en setiembre del año pasado y Jaque no los remplazó ni tampoco prorrogó por decreto el nombramiento de las personas que siguieron en el cargo.

En principio, la directora general de Escuelas, Iris Lima, aceptó que la situación era irregular. Luego dijeron que todo lo actuado por el Consejo era legal y respaldaban la afirmación con un dictamen del asesor legal de esa repartición. Ahora, Fiscalía de Estado afirma que los mandatos de los integrantes están vencidos.

La palabra del fiscal

El encargado de analizar la situación en Fiscalía fue Hugo Ferrero, de la Dirección de Asuntos Administrativos, y el Fiscal de Estado, Pedro Sin, adhiere en su totalidad.

Luego de un largo análisis legal de la situación, desde ese órgano extrapoder aseguran que "los mandatos se encuentran vencidos". Además, afirman que, tal como ocurre con otros funcionarios, pueden ser sometidos a jury ya que es el único camino para destituirlos debido a que sus cargos son ratificados por el Senado.

La definición de Fiscalía echa luz sobre un tema en el que hay diferencias de interpretaciones. Incluso, contradice lo afirmado desde el Tribunal de Cuentas, otro de los organismos de control. Ante la consulta de Los Andes, desde el Tribunal aseguraron que "los miembros del Consejo Administrativo no tienen en la ley ni en la Constitución un plazo de caducidad de sus mandatos".

El informe de Fiscalía contradice esa afirmación asegurando que siempre se ha mencionado al consejo de enseñanza y al de administración de manera indistinta y que la Constitución le da una vigencia de cuatro años. Además, asegura que la ley dice que los miembros deben ser elegidos "de acuerdo a la Constitución".

Según la interpretación del fiscal, eso significa que deben ser nombrados con acuerdo del Senado, al igual que el director general de Escuelas, y por cuatro años.

El pedido de informes se hizo el 17 de junio a través de la resolución 185 de la Cámara de Senadores. La respuesta oficial de Fiscalía salió recién el 10 de octubre a pesar de que el dictamen de Pedro Sin está fechado el 8 de julio.

Y todo regresó al Senado el 15 de octubre, pocos días después de que el Ejecutivo finalmente, y con más de un año de retraso, enviara los pliegos de los postulantes para integrar el Consejo. Las demoras se deben, según las especulaciones, a que el "Gobierno quería ganar tiempo" para evitar cualquier acción a partir del dictamen desfavorable de Fiscalía.

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