Ratifican la difusión del nombre y sueldo de los agentes públicos

El titular de la Oficina Anticorrupción de la provincia negó que la publicación de la remuneración de los empleados estatales invada su privacidad. Dijo que se trata de un vínculo contractual de naturaleza jurídica distinta a la que tiene un empleado privado con la empresa en la que se desempeña.
El director de la Oficina Anticorrupción de la provincia, Paulo Friguglietti, defendió el decreto firmado por Hermes Binner días pasados, que obliga a publicar los nombres y la remuneración de los empleados públicos. La decisión provocó la reacción de UPCN que estuvo a favor de la difusión de las identidades, pero rechazó la publicación de los sueldos y del número de documento, por entender que ello atenta contra la privacidad y la seguridad de los agentes estatales.

Sin embargo, el autor intelectual del decreto ratificó los alcances y el espíritu de la norma. "La idea es transparentar la gestión. Creemos que la gente tiene derecho a saber cuánto gana un empleado o un funcionario público. Estamos en una relación de empleo público que no es la misma que una de empleo privado", advirtió el funcionario ante la consulta de El Litoral.

Friguglietti hizo especial hincapié en el hecho de que "los salarios del personal público salen de las arcas del Estado, por lo tanto, son dineros públicos". En el mismo sentido, negó que la publicidad de esta información invada la privacidad del agente.

"No se invade la privacidad del agente, precisamente, porque estamos ante una relación contractual del Estado que es totalmente distinta a la relación que tiene un privado con su empresa. Aquí estamos en una relación de empleo estatal donde el carácter es público y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esto tiene que estar transparentado hasta un límite que obviamente no puede invadir la privacidad. Creemos que los salarios no invaden la privacidad, sí pueden ser otros aspectos, pero no el sueldo", sentenció.

A favor

Oportunamente, la dirigencia del gremio ATE se manifestó a favor del decreto firmado por el gobernador. En las últimas horas, también lo hizo la Asamblea Permanente de Jubilados y Pensionados de la provincia, que celebró la decisión.

"Estamos convencidos de que la transparencia de la información pública es un avance de la calidad institucionalidad del Estado y un anhelo de los sectores que demandan al poder administrador cómo, dónde y en quiénes se invierten los recursos", señalaron.

Para los pasivos, esta decisión "deja en claro que hay sectores de la administración pública que necesitan ser iluminados para poder apreciar, con luces y sombras, una realidad que la mayoría sospecha que no funciona de modo republicano".

Los jubilados advirtieron que para esta Asociación, en particular, los datos a difundir "son de suma significación para saber cómo evolucionan los distintos sectores públicos del personal en actividad que aporta a la Caja de Jubilaciones y la relación con los pasivos; datos, por ejemplo, imprescindibles cuando se plantea con los docentes, una reforma al régimen previsional".

El decreto

El decreto de la polémica lleva el número 1.774. Según la norma, se exige la publicación en la web oficial del gobierno del número de documento del empleado público, el tipo de vinculación que mantiene con el Estado, la fecha de ingreso y/o de vinculación con el Estado, el cargo, categoría, función que desempeña y organismo donde presta servicios; la norma por la cual se lo designa en la actual función y los sueldos netos de descuentos legales.

Cuando el agente en actividad tuviere más de una vinculación jurídica con el Estado, ello será contemplado especialmente. El decreto invita a los demás poderes (Judicial y Legislativo) a que adhieran a la iniciativa con una medida similar.

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