El diputado del Movimiento Bien Común, Gustavo Vera, ratificó días atrás la denuncia penal contra el gobierno porteño por el incumplimiento del plazo constitucional en el envío del proyecto de Presupuesto 2016, así como el tratamiento exprés que se le dio sin debate en comisiones y sin ronda de ministros, como se practicaba desde hace tiempo.

Para Vera, esta práctica del entonces gobierno de Mauricio Macri y que ahora comanda Horacio Rodríguez Larreta viola la ley 70, que establece un debate participativo en el tratamiento del Presupuesto, tal como alegó, incluso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en un recurso judicial que no prosperó.

En la denuncia penal se señala que el presupuesto se aprobó con pedidos de empréstitos que superan los 1.200 millones de dólares y se cuestionó a los legisladores del PRO y del Frente para la Victoria –salvo a Pablo Ferreyra– , “aceptaron endeudar al Estado sin saber en que condiciones se solicita el préstamo, el tipo de tasa de interés, a qué banco u organismo se solicitará, bajo que jurisdicción judicial, sin definir la moneda de la operación, como la paridad de los títulos, entre otras tantas especificaciones mínimas”.

 

El legislador de Bien Común resaltó en la presentación judicial que los empréstitos “se despacharon a libro cerrado, sin análisis alguno”, dado que no fueron sometidos a estudio alguno en el marco de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Y puso de manifiesto que carecen de documentación que avale los pedidos realizados y criticó que los funcionarios de la Ciudad, no se hicieron presentes para explicar la conveniencia, el mérito y la oportunidad de incrementar la deuda pública de la Ciudad, un tema por demás sensible de la administración porteña.

“No nos pueden tratar como una vil escribanía, votar a libro cerrado negocios que son infames, acá coinciden la mayoría de los legisladores por un toma y daca, esto es absolutamente invotable, avasalla el poder legislativo y así no se construye república. Lo único que falta que digan que somos desestabilizadores por llevar esta problemática a la justicia, los proyectos deben ser despachados como corresponde, este es dinero del vecino”, planteó el dirigente de La Alameda.

Vera ratificó el lunes 21 de diciembre su denuncia en la Fiscalía Nacional en los Correccional N° 12, a cargo de José Mariano Orfila (que es subrogante) quien tramita el expediente 71.351/15 junto el juzgado Correccional N° 11.

Para Vera, estos proyectos son verdaderos ‘cheques en blanco’. “Se vota a libro cerrado un empréstito que –entonces- no se sabía el valor dólar, condiciones y mercado, este y todos los empréstitos que llegan a 1.200 millones de dólares y el presupuesto. Al final el PRO aprendió de las malas acciones de los que se van, son republicanos en la oposición y en el gobierno se votan endeudamientos lesivos para los vecinos, y cuentan con votos obtenidos de manera abyecta”, enfatizó.

 

 

 

Planta de residuos

 

Por otro lado, otro de los puntos criticados por Vera es la construcción de una planta de residuos en la zona norte con una inversión de 120 millones de dólares por endeudamiento, una operatoria en la que ubica como empresario detrás al Grupo Roggio, que hoy controla el subterráneo.

“En realidad es un negocio que el Gobierno de la Ciudad paga al grupo Roggio que gestiona el relleno y la planta MBT, ya que se paga por tonelada de tierra recuperada, y para ello se cuenta al material y la tierra, y Roggio no paga la tierra ahora la tiene gratis antes la pagaba, es un terreno de 300 hectáreas y se plantea ampliar a 275 hectáreas más”, apuntó entonces.

Durante la votación en la Legislatura, a ese endeudamiento se opusieron Vera (Bien Común), el interbloque ECO (los bloques Suma +, PSA, PS y Coalición Cívica) y la abstención de Graciela Ocaña (Confianza Pública) Javier Gentilini (Frente Renovador), Verde del Sur (Pablo Bergel), PTS + FIT (Patricio Del Corro), MST (Alejandro Bodart).

“El proyecto no tenía especificaciones y tampoco lo aclararon en comisión los funcionarios, por lo tanto se desconoce que tipo colocación y a que bancos u organismos se solicitaría, tampoco a que tasas abre a bancos internacionales y no define condiciones del préstamo, tampoco porque ley se rige”, aclaró.

Según el PRO, la planta disminuye la cantidad de residuos que se entierra porque considera que material reciclado es aquel que se recupera de la tierra. “Esto es mentira porque el material que se recupera esta tan degradado (se mezcló con la basura, el cartón, el plástico) que no tiene prácticamente valor de mercado, por lo tanto no se debe considerar material recuperado”, contestó.

En ese marco, las organizaciones de cartoneros reclaman que en lugar de tomar créditos para redireccionarlo al grupo Roggio se debe destinar a la Dirección de Reciclado para conformar equipos técnicos,” y campañas con vecinos para la recuperación de materiales reciclado. “Pero por el contrario están desfinanciando el sistema de reciclado estatal para transferirlo al grupo empresario que lidera Benito Roggio”, se quejó.