Ratifican la denuncia de Arias: hay "amiguismo" en la justicia

Un alto funcionario del Poder Judicial bonaerense respaldó hoy, con hechos, la denuncia formulada por el Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, que le valió una presentación judicial en su contra por la presunta comisión de un delito de acción pública, en torno a las sospechas por ‘amiguismo’ en la designación de jueces y fiscales en el ámbito provincial.
Se trata de Marcelo Sarlenga, el actual Secretario de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, quién recurrió ante la Corte bonaerense dos concursos en los que se presentó como aspirante, y logró demostrar irregularidades en el proceso de designación a sendos cargos: fiscal y juez de garantías respectivamente.

“Sin dudas, no sólo estoy totalmente de acuerdo con la resolución de Arias, sino que me parece que es un paso importantísimo para sanear los concursos y tener un sistema que permita que se acceda a la Justicia por imperio del mérito, y se despejen sospechas de amiguismo”, aseguró Sarlenga. Y sentenció: “Hoy, la vía para llegar (a ocupar un cargo de Juez o Fiscal en la Justicia bonaerense) es tocar un contacto político”.

Los dichos de Sarlenga tienen respaldo legal: concursó dos veces en al Provincia para ocupar cargos en la Justicia, y logró demostrar, judicialmente, irregularidades en el proceso de designación.

El primer intento que hizo fue para concursar un cargo de Fiscal en el Departamento Judicial de Mar del Plata. “La Primera vez di examen para fiscal y me fue bien, sólo que se concursaba para fiscal titular y para fiscal adjunto y a mi me excluyeron de la terna de ‘titular’ y me incluyeron en la de Adjunto; cuando hice una presentación para que me dieran las motivaciones de por qué me excluían de uno de los concursos y me incluían en el otro, no me dieron explicaciones”, aseguró Sarlenga.

Con ese antecedente, el actual Secretario de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones se presentó ante la Corte bonaerense mediante una acción de amparo para solicitar la nulidad de la decisión de Consejo de la Magistratura “por falta de motivación en la conformación de las ternas”.

En llano: no logró conocer los fundamentos por los cuáles, entre más de 200 aspirantes habilitados para concursar, el Consejo conformaba las ternas que servirían de base para esa designación. “Eso –explicó Sarlenga- viola un principio republicano esencial, que es la fundamentación o motivación de los actos de gobierno porque el gobernante tiene que dar razón de por qué realiza ciertos actos, sobre todo cuando se elige a unos y se desplaza a otros”.

Hay más. Cuando solicitó acceder a los currículum de las personas designadas para acceder a las ternas, recibió como respuesta –según relató Sarlenga- que se trataba de una “información sensible y reservada, y por lo tanto confidencial”.

Siempre según el relato de Sarlenga, con esos antecedentes, logró que la Suprema Corte bonaerense anulara la decisión del Consejo de la Magistratura y consecuentemente, el decreto del Ejecutivo que ejecutaba la irregular designación de los funcionarios ‘beneficiados’ por ese concurso.

“La fiscalía de Estado impugnó ante la Corte Nacional esa resolución, pero el Máximo Tribunal de Justicia rechazó la presentación alegando que no era susceptible de revisar, con lo cuál la decisión de la Corte bonaerense –que le dio la razón- quedó firme”, aseguró.

Para su asombro, cuando el Consejo de la Magistratura se vio obligado por la decisión de la Corte a realizar el nuevo procedimiento, la nueva conformación de ese organismo insistió en la integración de las ternas con los mismos aspirantes del proceso de elección anterior. Con un agravante: esta vez, los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura obviaron un requisito indispensable para la elección de aspirantes, la entrevista con el que se presenta a concursar. Y para peor, alegaron, por escrito, que omitían ese requisito porque “el único integrante que permanecía en el cargo sirvió de miembro ‘informante’ para ratificar la terna, “algo que no es viable técnicamente porque ese miembro debió haberse excusado de participar de esta elección, toda vez que la anterior, en la que él participó, fue revisada por la Corte”, explicó Sarlenga. Como resultado, la designación de esos fiscales –titulares y adjuntos- siguen un derrotero judicial que mantiene trabado los nombramientos.

Hay más. En el año 2006, el propio Sarlenga se presentó a otro concurso, esta vez por un cargo de Juez de Garantías.

“Esta vez, se dio una situación bastante curiosa: ahí me ternaron por mis antecedentes, pero luego el Poder Ejecutivo manda el mensaje de otros dos aspirantes para ese cargo reincidiendo en el mismo ‘vicio’ que se demostró en el caso anterior, no dar los fundamentos de por qué eligen a otras personas”, sostuvo Sarlenga.

Como en el caso anterior, este concurso también atraviesa un intrincado derrotero judicial que intenta determinar vicios en la designación de funcionarios judiciales en el ámbito de la Justicia bonaerense.

“El Consejo de la Magistratura, integrado por mayoría de representantes políticos, funciona como una herramienta para blanquear viejas prácticas, que siguen vigentes”, concluyó Sarlenga.

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