Con el 85% del apoyo de las Cortes Generales (sesión plenaria de diputados y senadores) quedó aprobada la Ley Organica de Abdicación que efectiviza la dimisión de Juan Carlos I a la corona de España.

La ley pasa ahora al Senado que la aprobará el martes 17 próximo por una mayoría simple que ya está asegurada. Después de esta sanción la ley quedará definitivamente aprobada y al ser publicada en el Boletín Oficial del gobierno se hará efectiva la abdicación de don Juan Carlos a la corona y también la sucesión en la persona de don Felipe de Borbón y Grecia bajo el nombre de Felipe VI.

El juramento en las Cortes Generales de acatamiento a la Constitución y su proclamación (en España no existe la coronación ni el entronamiento) tendrán lugar al día siguiente, el 18 de junio.

De los 341 votos emitidos, la ley fue aprobada por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. Votaron a favor el Partido Popular, el PSOE, Unión de Progreso y Democracia, Unión de Pueblo Navarro y Foro de Asturias. Los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco se han abstenido.

Los partidos de izquierdas -la Izquierda Plural (IzquierdaUnidaU, ICV y CHA), Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque Nacionalista Gallego, Compromís catataj y Geroa Bai) vasco han votado en contra y han presentado enmiendas a la totalidad con un texto alternativo, en el que proponían la celebración de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.

Las enmiendas de los partidos de izquierdas que pedían un plebiscito sobre monarquía o republica se votaron antes pero fueron rechazadas por 301 votos en contra, 26 a favor y 21 abstenciones.

Los diputados del PP, el PSOE, UPyD, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, rechazaron las enmiendas a la ley. Las propuestas, que se han votado en bloque al ser consideradas como enmiendas que piden la devolución de la ley al Gobierno, fueron apoyadas por 26 diputados de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, Esquerra (ERC), BNG, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai. Las abstenciones vinieron de las formaciones nacionalistas CiU y PNV.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, defendió el proyecto de Ley Orgánica presentado por su gobierno. Rajoy y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, elogiaron el papel moderador del rey y su labor de arbitraje.

Rajoy enmarcó en la normalidad constitucional la aprobación de la ley que permite la abdicación y defendió la Monarquía como la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y estabilidad de las instituciones, así como de la convivencia pacífica.

Pérez Rubalcaba garantizó el apoyo socialista a la ley para la abdicación porque con ello "se cumple la Constitución" y, además se reafirma la fidelidad de su partido al pacto que dio origen a esa norma de 1978.

La defensa de la monarquía parlamentaria por parte de ambos dirigentes se debe a que varias formaciones de izquierda y nacionalistas habían presentado textos alternativos a favor de un referéndum en el que los españoles decidan si quieren ese modelo o una república.

Rajoy y Rubalcaba destacaron las cualidades del futuro Felipe VI y su preparación, aunque el líder socialista pidió que su llegada al trono coincida con un "tiempo nuevo" de cambiosinstitucionales y renovación democrática.

Los nacionalistas vascos y catalanes que se abstuvieron también pidieron que la llegada del nuevo rey dé paso a cambios en la estructura del Estado que permita que los ciudadanos de ambas regiones puedan decidir acerca de su propio futuro.

Cayo Lara, líder de Izquiereda Unidak, proclamó: "Queremos un referéndum entre monarquía y República. El pueblo es soberano y debería poder decidir qué forma de Estado quiere". La sucesión de Juan Carlos I en su hijo Felipe es "una maniobra palaciega que se presenta como regeneración democrática pero es sangre nueva para una dinastía decrépita".

Los dos partidos mayoritarios - PP y PSOE - respondieron que la monarquía parlamentaria es el sistema que figura en la Constitución de 1978, aprobada mayoritariamente por los españoles y que si alguien desea modificar el sistema debe hacerlo por cauces legales, con una reforma de esa normativa.