Fue ratificado el convenio chino con un estricto control de los fondos que obtendrá el Gobierno

Trece legisladores votaron a favor de la ley que ratifica el convenio que selló el Gobierno con la empresa china para la provisión de gas que se usará para generar metanol. Se impusieron varias condiciones sobre los fondos que el Ejecutivo obtendrá por este acuerdo. Se declararon «intangibles» e «inembargables» y la cuenta especial donde se depositen no pasará a conformar el FUCO. Los recursos serán para gastos en obras de infraestructuras y en compra de bienes de capital, únicamente.
El convenio firmado entre Gobierno y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Química & Energía, para la provisión de gas que será convertida en metanol, fue ratificado ayer por la Legislatura por el voto de 13 parlamentarios, resultando el radical Gabriel Pluis el único en no avalar este acuerdo por las dudas existentes sobre su legalidad.

La ley aprobada pone algunas condiciones que deberá cumplir el Gobierno, sobre todo en el destino de los 110 millones de dólares que la empresa pagará a modo de anticipo, fondos que fueron declarados «intangibles» e «inembargables» y que serán depositados en una cuenta especial que no integrará el FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales).

Otra cláusula que fue volcada en la normativa implica una intervención directa de los legisladores en lo que acordó la empresa china con el Gobierno relacionado con el precio pactado en los volúmenes de gas que se le cederá a la compañía.

Así, en la ley se impone una cláusula de ajuste en dos de las tres cuotas pactadas, de manera que sean ajustadas a valores reales de mercado y no queden desfasadas ante un eventual «congelamiento».

Es de destacar que ningún legislador puso en tela de juicio el emprendimiento para dar valor agregado al gas en Tierra del Fuego. Se plantearon sí las dudas sobre la legalidad del convenio, sobre todo por la cuestión del llamado a una licitación pública previa para ceder el gas a la empresa de capitales asiáticos.

Fundamentos de los legisladores

Ana Lía Collavino (del Frente para la Victoria), en su calidad de presidente de la comisión de Recursos Naturales, donde se debatió el asunto, aseguró en el recinto que «no quedaron muchas cosas claras» pero resaltó la importancia de que se trata de «dar valor agregado al gas que se extrae en Tierra del Fuego».

Indicó que con el mecanismo de recibir el gas en especie y proceder a negociarlo a la empresa china, se generará un 52% más de recursos a la provincia que los que actualmente se obtienen en concepto de percepción de regalías que paga Nación.

Es una «oportunidad para comenzar a desarrollar el polo petroquímico en la zona norte de la isla», dijo la Legisladora.

Por su parte, Mónica Urquiza (Movimiento Popular Fueguino), indicó que «desde el año 1993 nuestro partido viene incentivando este tipo de emprendimientos pero nunca llegaron a buen puerto. Es importante para el desarrollo de la zona norte de la provincia. Será una herramienta que generará fuentes de trabajo en el sector privado».

Al hablar de la excepción a la ley de contabilidad, la parlamentaria recordó que fue un argumento alternativo que surgió de las opiniones volcadas por el Tribunal de Cuentas y por la Fiscalía de Estado.

Consideró que lo más importante de todo esto «es el anticipo que recibirá la provincia», subrayando que se trata de una «muy buena herramienta financiera» que tendrá afectación específica. «Los recursos serán volcados a obras de infraestructura en las tres ciudades de la provincia» al existir un enorme déficit en ese plano.

PLUIS MARCO LA DISIDENCIA

El legislador radical Gabriel Pluis marcó la disidencia y no acompañó la aprobación para ratificar el convenio que selló el Gobierno con la empresa china Tierra del Fuego Energía & Química SA. Por el contrario, su par de bancada, Luis Velázquez lo aprobó.

Aclaró que lo suyo no era estar en contra de una inversión que generará la instalación de una planta de procesamiento de gas para transformarla en metanol, sino de votar con la convicción que no quedaron disipadas las dudas sobre la legalidad en que se selló el acuerdo, sobre todo porque se decidió sin licitación pública previa.

Recordó que la discusión del proyecto «fue entrar a un laberinto», advirtiendo que «no vaya a ocurrir que aprobar este convenio sea que nos estamos metiendo en otro laberinto», porque «no se despejaron los muchos interrogantes que tenemos».

Sobre recibir las regalías de gas en especie, lo consideró que estamos ante «un hecho emblemático en mucho tiempo» y que el estado de «conveniencia, oportunidad y mérito» del que se habla en el decreto de ratificación del convenio, tiene que «estar acompañado de la juridicidad».

Criticó que se haya hecho uso como regla la excepción a la ley territorial 6, de contabilidad; que rige en materia de venta y remate de bienes que son propiedad del Estado.

DURA CRITICA AL ARI

Luis Velázquez, legislador de la bancada radical, no se opuso a la aprobación del convenio con la empresa china Tierra del Fuego Energía & Química; pero aprovechó el asunto para hacer una severa crítica al legislador Manuel Raimbault, recordando que cuando estaba en la oposición hacía trizas cualquier proyecto que presentaba el Gobierno tendiente a dar valor agregado a los recursos hidrocarburíferos.

«Las convicciones de algunos se han tirado por el inodoro en el término de un año», sostuvo Velázquez, al indicar que Raimbault y el entonces legislador José Martínez se opusieron en forma terminante y sin conocer razones del proyecto de creación de RENASA.

«Yo me pregunto y creo que muchos se deben estar preguntando, ¿qué hubiera pasado con el convenio chino si la oposición hubiera sido distinta y si el ARI ocupaba ese rol?», puntualizó Velázquez.

Agregó que «no hay que subirse al colectivo por la izquierda y bajarse por la derecha».

Estas fuertes críticas provocaron la reacción del titular de la cámara, quien hizo uso de su banca para contestar solicitando a Adrián Fernández que ocupe la presidencia mientras lo hacía.

Como es su costumbre, Raimbault hizo una tediosa explicación jurídica, remitiéndose a fallos de las cortes y otras fundamentaciones legales para contrarrestar los dichos de Velázquez, sin salir de su boca una sola «chicana» política.

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