Ratifica el gobierno su política de ‘tolerancia cero’ a las usurpaciones

Una orden del juez penal Daniel Barría, por pedido del gobierno, derivó en un fuerte operativo de desalojo sobre personas que habían usurpado un extenso predio en la zona sur de la Capital.
En el lugar ya se habían realizado construcciones precarias. "No podemos permitir que los particulares sigan edificando", dijo el director de Bienes Fiscales, Hugo Shaya.

Efectivos de la Comisaría VII de la policía se constituyeron en un predio del Estado provincial para cumplir con la orden judicial de desalojo de las personas que usurparon esos terrenos ubicados entre las calles Luis Vernet, René Favaloro, Carlos Menem (ex Laprida) y las tierras del club Estudiantes.

La tarea policial fue observada por funcionarios de la Dirección de Bienes Fiscales, organismo dependiente de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, que viene reclamando desde hace bastante tiempo una solución de fondo para resolver estas acciones ilegales.

El director de Bienes Fiscales, Hugo Shaya, explicó que "estos inmuebles pertenecen al Estado Provincial, con escritura pública" y recordó que "la Justicia se expidió a principio de este año disponiendo no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, lo que significaba que no se podía seguir haciendo construcciones en estos terrenos".

"El conflicto judicial no está resuelto de manera definitiva, pero la orden de no seguir construyendo no se cumple", indicó Shaya.

La orden que establecía la detención de los avances de obras data de comienzo del corriente año y se reiteró en mayo; sin embargo, puntualizó el funcionario que "existen pruebas evidentes de la presencia de nuevas construcciones en el predio".

Explicó también que el organismo dependiente de la Secretaría de Tierras está a la espera de la resolución judicial para proceder a la demolición de las construcciones levantadas por los usurpadores.

"Como Estado no avanzamos sobre las construcciones pese a contar con la posesión y escrituras, pero no podemos permitir que los particulares sigan edificando, cuando existe una decisión del juez (Barría) de no modificar nada hasta que se resuelva la cuestión de fondo", enfatizó Shaya.

El funcionario provincial afirmó que el gobierno continuará tomando las acciones que correspondan sobre quienes se emplacen sobre tierras que pertenecen al Estado.

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